Telefónica, en su estrategia de modernización hacia la fibra óptica, se enfrenta a críticas por dejar a 184.000 hogares sin acceso a esta tecnología para 2025. Este movimiento se percibe como una decisión controvertida, especialmente en un contexto donde la empresa también anuncia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que dejará en la calle a miles de trabajadores.
La compañía ha logrado llevar fibra óptica al 90% de los hogares españoles, pero el 10% restante, que representa aproximadamente 1,85 millones de hogares, todavía depende de las obsoletas centrales de cobre. Dentro de este grupo, 184.000 hogares se hallan en zonas donde no es viable económicamente desplegar la fibra. Para ellos, la única opción será una conexión móvil emulada, inferior en calidad y con limitaciones significativas en términos de latencia y límites de datos.
Este anuncio coincide con el plan de Telefónica de llevar a cabo un ERE en sus tres principales sociedades en España: Telefónica España, Telefónica Soluciones y Telefónica Móviles. Este paso, que afectará a parte de su plantilla de 16.000 empleados, se suma a la incertidumbre y al posible impacto negativo en el servicio al cliente.
Telefónica argumenta que este cambio resultará en un ahorro de costes y una mayor eficiencia energética, además de una reducción en la emisión de CO2. Sin embargo, para los usuarios afectados, estas ventajas pueden parecer lejanas frente a las preocupaciones inmediatas de conectividad limitada y seguridad laboral.
Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) adelantados por El Mundo y recogidos por EFE, este miércoles también comienza el fin de la garantía de servicio de otras 1.106 centrales, lo que significa la interrupción del servicio y la apertura de un periodo de seis meses para que se produzca su cierre definitivo. Las 388 centrales que se clausuran definitivamente se reparten entre unas 45 provincias españolas, como Álava, Palencia, Málaga, Salamanca o Zamora.
EN PLENO ERE
Telefónica confirmó este lunes, durante su segunda reunión con los sindicatos, que llevará a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el primero desde 2013. Este ERE, que rompe con la dinámica de planes voluntarios de años anteriores, implicará la salida de miles de trabajadores, afectando a un mínimo del 10% de la plantilla en España.
La última vez que Telefónica aplicó un ERE fue en 2013, que finalizó con la salida de 6.830 trabajadores. Desde entonces, la compañía ha optado por los Planes de Salidas Incentivadas (PSI), con el más reciente en 2022, que resultó en 2.347 bajas. En total, más de 11.300 empleados han dejado la empresa a través de estos planes desde 2015.
Este nuevo ERE supondrá una provisión de 1.000 millones de euros en las cuentas de Telefónica para este ejercicio, esperando compensar con ahorros en salarios que podrían superar los 200 millones de euros anuales. Además, se planea un plan de bajas para altos directivos, estimando unas 300 salidas y un costo adicional de 200 millones de euros, con el objetivo de optimizar la estructura de mando de la compañía.
De momento, la compañía no ha detallado el número de empleados que se verán afectados por los ERE, algo que "legalmente no pueden hacer", ya que cualquier dato previo presentado fuera de la mesa de negociación podría dar lugar a la impugnación del ERE, según han informado este lunes a EFE fuentes sindicales. Si el ERE incluye a los nacidos en 1968 estarían afectados unos 2.500 empleados y si lo hace también a los de 1969 la cifra ascendería a 5.000.
UGT ha exigido a Telefónica un convenio que "blinde garantías" ante el ERE y ha reclamado que la empresa clarifique el ajuste de plantilla mencionado en su última reunión. La negociación se prevé complicada.
Igualmente, el sindicato considera que es necesario que la empresa presidida por José María Álvarez-Pallete, antes de acometer un nuevo ajuste de plantilla, apueste por la internalización de servicios y el 'reskilling', con el fin de darle empleabilidad a la plantilla.
UGT ha aclarado que los detalles y la negociación del ERE corresponderán a las mesas que cada uno de los comités intercentros deberán constituir y se acomodarán a los plazos legales marcados para ello.
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