Según ha explicado Chamizo en una resolución de la Defensoría a la que tuvo acceso Europa Press, el hecho de realizar la evaluación extraordinaria de los preuniversitarios en septiembre provoca que estos alumnos no puedan participar en la primera fase de acceso a la Universidad --en julio-- y, por tanto, no puedan matricularse en la carrera deseada "hasta mucho después del comienzo de las clases", además de encontrarse incluso con "la reticencia de cierto profesorado para su asistencia libre a las clases en tanto no queda resuelta definitivamente su matriculación".
Ante estas quejas, y teniendo presente que la necesaria adaptación de las Universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) también plantea la conveniencia de adelantar el inicio del curso universitario al 1 de septiembre, la Defensoría andaluza decidió iniciar una actuación de oficio sobre esta cuestión para intentar 'encajar' de la forma más adecuada los plazos en la transición del sistema educativo postobligatorio al universitario.
Para ello, Chamizo propone a Educación que incluya en el calendario escolar de los estudiantes de 2º de Bachillerato la celebración de una sesión de evaluación extraordinaria en junio y elimine, por tanto, la de septiembre; y que, de forma coordinada con la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, se establezca una prueba extraordinaria para el acceso a la universidad a principios del mes de julio. Es decir, que la nueva selectividad (PAU) también se adelante, en su sesión extraordinaria, de septiembre a julio.
Asimismo, el Defensor pide a la Junta de Andalucía y a las Universidades que adopten "cuantas otras medidas fuesen necesarias para que los plazos de matrícula universitaria pudieran concluir antes del comienzo del curso académico".
Para conseguirlo, sería también necesario, según advierte Chamizo en su resolución, que la Dirección General de Universidades, en el seno del Consejo Andaluz de Universidades, estudie la conveniencia de "establecer el inicio del curso universitario a principios del mes de septiembre, a través de la oportuna reordenación del calendario académico", tal y como señalan además las directrices de Bolonia.
NINGÚN IMPEDIMENTO LEGAL
Según el Defensor, la consecución de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior debe suponer "un esfuerzo añadido de las instituciones españolas y andaluzas en la coordinación y convergencia con las metodologías relativas al desarrollo del curso académico", por lo que esto ha de suponer "el adelanto del curso universitario a comienzos del mes de septiembre y la adopción de cuantas medidas sean necesarias a tal efecto sin que queden mermados los derechos de quienes no participan en la primera fase del proceso de preinscripción universitaria".
Además, señala Chamizo, "no parece que haya ningún impedimento legal para el establecimiento de la prueba extraordinaria de acceso a la universidad en el mes de julio, una vez que se estableciera por la Administración educativa que el periodo de evaluación extraordinaria del alumnado de 2º de Bachillerato tuviese lugar a finales del mes de junio".
De hecho, la propia Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía --tras ser requerida por la Defensoría andaluza para recabar información sobre esta cuestión-- ya manifestó "voluntad" en el adelanto de las pruebas extraordinarias de selectividad a julio con objeto de permitir que el inicio del curso universitario pueda tener lugar a primeros de septiembre.
Voluntad ésta que, sin embargo, advierte Chamizo, "no resulta suficiente para hacer realidad esta pretensión, puesto que de la información recibida de la Consejería de Educación no parece deducirse que puedan producirse avances significativos que nos permitan ser optimistas sobre un pronta solución del tema".
Es por esto por lo que el Defensor del Pueblo andaluz insiste en que ambas Administraciones --la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, de la que dependen Universidades, como la Consejería de Educación-- "deberían hacer un esfuerzo por avanzar en la consecución de acuerdos al respecto, ya que las quejas recibidas han permitido comprobar que la tardanza en la matriculación del alumnado de Bachillerato que participa en el proceso extraordinario de evaluación y preinscripción universitaria puede perjudicar sus derechos como estudiantes universitarios".
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