“Bien está lo que bien acaba”. Así ha definido este lunes el presidente andaluz el ‘final feliz’ de unas negociaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España que han dado como resultado un “acuerdo histórico” para blindar el futuro de Doñana.
Se pone así fin a dos años de enfrentamiento entre las dos administraciones y a casi dos meses de negociaciones con un acuerdo que prevé una inversión de 1.400 millones de euros en los 14 municipios de la comarca y que, tal y como ha confirmado Moreno, implica la “retirada definitiva” de la polémica Proposición de Ley para la ampliación de los regadíos en el entorno de Doñana.
Como han avanzado en rueda de prensa el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, desde el Teatro Salvador Távora de Almonte, cada administración aportará unos 700 millones de euros en el horizonte 2023/2027.
En el caso del Gobierno central, aportará 350 millones que se suman a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales hace un año, mientras la Junta aportará otros 700 millones.
Moreno ha puesto de nuevo el acento en los agricultores afectados, destacando su “generosidad” a la hora de “aceptar el acuerdo”. Así, asegura que este domingo los regantes celebraron una asamblea donde se dio un sí unánime al acuerdo entre Junta y Gobierno.
La clave está en las ayudas que se van a establecer para la transformación de los terrenos. "Los agricultores que no quieran dejar de cultivar, podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica. En estos casos, la cuantía de la ayuda será menor", ha puntualizado.
Así, según ha detallado Moreno, el acuerdo contempla hasta 100.000 euros por hectárea y se plantean tres opciones: renaturalización o reforestación, transformación en secano o transformación en agricultura ecológica. De estos 100.000 euros por hectárea, el Gobierno aportará 70.000 euros, la Junta de Andalucía pondrá 20.000 y los 10.000 restantes los completará la Diputación Provincial de Huelva. Unas ayudas que estarían abiertas a todos los agricultores de la zona en general.
Ribera ha precisado al respecto que en el caso de la reforestación, se contemplan ayudas hasta 10 años pero con una obligación de permanencia de 30 años. En el caso de transformación o puesta en actividad de agricultura en secano, las ayudas se concederán durante un periodo de cinco años. La autoridad competente comprobará anualmente el cumplimiento del compromiso con carácter previo a los pagos. Y en el caso de reconversión hacia modelos de producción ecológicos, la ayuda se pagaría anualmente, con un máximo de cinco.
La vicepresidenta del Gobierno ha insistido en que no se van a comprar terrenos “ni derechos de agua que no existen”. De hecho, ha asegurado que los expedientes abiertos por captaciones ilegales de agua seguirán su curso.
Tanto Ribera como Moreno han puesto el acento en el diálogo y en que se trata de un acuerdo ambicioso que contempla también otras herramientas para contribuir al desarrollo de la comarca, como la marca Doñana.
Con este acuerdo confían en que se alivie la presión internacional sobre Doñana, ya que iría en la línea del cumplimiento de la sentencia de Europa.
Otros compromisos económicos
Moreno ha explicado que, con este acuerdo, que beneficiará a los 14 municipios del área de influencia de Doñana, la Junta y el Gobierno se comprometen a invertir más de 1.400 millones en el parque y su entorno, en medidas destinadas a protegerlo y fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía, las energías renovables y las obras hidráulicas, con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible de los municipios del entorno de Doñana en el período 2023-2027.
Además, el acuerdo recoge que el Gobierno andaluz impulsará obras hidráulicas por valor de 335 millones en depuración, abastecimiento y embalses y destinará 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización.
Asimismo, se destinarán 23,5 millones al sector pesquero, con un plan de gestión de la coquina que contará con 5 millones de euros, a lo que se suma un importante paquete de medidas ambientales, entre las que destaca la ya anunciada adquisición por parte de la Junta de 7.500 hectáreas de la finca Veta la Palma (en La Puebla del Río) para mantenerlas inundadas todo el año.
El acuerdo también recoge la posibilidad de integrar la generación de energía renovable en el entorno de Doñana (30 millones para proyectos de energía renovable y eficiencia energética); impulsar con 70 millones iniciativas y proyectos de los 14 ayuntamientos del área de influencia de Doñana; destinar 32 millones a mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad de los temporeros que cada año acuden a Huelva en época de recolección, o crear la Marca Doñana como garantía de calidad y sostenibilidad para productos y servicios como el hotelero.
En cuanto a la parte del Gobierno, Ribera ha detallado que a los 350 millones en actuaciones ambientales anunciados el año pasado, de los que se prevé que 118 estén ya en ejecución este año, se van a sumar ahora 350 millones más.
"Doñana es el humedal más importante de España y uno de los principales de Europa. No podemos pasar por alto las presiones que se ejercen sobre él", ha indicado Ribera, para quien "este paraje ya no es un lugar remoto, sino un espacio situado en una comarca densamente poblada, y mantener Doñana requiere poner límites a la presión humana" de ahí que la inversión prevista "tenga que ser bien invertida en las personas y los ecosistemas".
Así, se destinarán 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales, al control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial; y 156,2 millones de euros a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de dichas aguas.
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