La situación, lejos de ser circunstancial, pone el punto de mira judicial sobre la comarca, ya que, con anterioridad, otros dos procesos judiciales condenaron a la inhabilitación a dos ex alcaldes, como es el caso de los ex regidores linense, Juan Carlos Juárez, y barreño, Alonso Rojas.
La mayoría de los procesos hace referencia a presuntas irregularidades urbanísticas, aunque también se investigan casos de contratación irregular. Uno de los casos, además, supone la apertura de diligencias previas contra un alcalde en actual ejercicio de sus funciones, como es el regidor tarifeño, Miguel Manella, en la adjudicación del castillo y el cerro de Santa Catalina.
El caso más inminente es el conocido como caso de los contratos, que sentará al ex alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, en el banquillo de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras entre los días 18 y 21 de octubre.
El Ministerio Fiscal imputa a Juan Carlos Juárez y al resto de los procesados, un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicas y contra los derechos fundamentales por la contratación presuntamente irregular de 114 personas en el Ayuntamiento en 1999 y 2000, cuando Juárez llegó a la Alcaldía al frente del Grupo Independiente Liberal (GIL).
El fiscal solicita una pena de seis años de prisión y la inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público durante diez años. Se da la circunstancia de que, previamente, Juárez ya fue inhabilitado en la sentencia del caso Pálex, por un delito de desobediencia a una resolución judicial, por el impago de la deuda generado entre 1994 y 1997 con el servicio de hemodiálisis.
En los escritos de la acusación del caso de los contratos, se especifica que entre los años 1999 y 2000 hubo una serie de contrataciones de personal laboral eventual en el Ayuntamiento apelando a circunstancias de necesidad y urgencia “que no aparecen acreditadas”. En total se denuncia la contratación ilegal de 114 personas.
Así, le acusan de no haber llevado a cabo ninguna oferta de empleo público legalmente establecida, basándose en criterios contrarios a los principios de igualdad, méritos y capacidad, tales como relaciones de parentesco o personales de algunos candidatos con miembros del comité, o las relaciones políticas existentes entre ellos, siguiendo un criterio de contratación “a dedo”.
Caso ‘Roseworld’
El caso de los contratos no es el único que arrecia de forma inminente al ex alcalde de La Línea, ya que el 13 de enero también tendrá que sentarse como imputado en el banquillo de la sección algecireña de la Audiencia Provincial de Cádiz con motivo del inicio del proceso judicial conocido como caso Roseworld.
Juan Carlos Juárez se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales, como consecuencia de la permuta y venta, presuntamente ilegal, de varias parcelas municipales durante el año 2005, al grupo inmobiliario Roseworld.
La Fiscalía acusa al ex alcalde y a miembros de la Mesa de Contratación del Consistorio de enajenar mediante concurso público y en un único expediente cuatro parcelas municipales en la zona conocida como La Colonia, y recibir dos millones de euros “en compensación por el trato de favor recibido”.
En una sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada el 25 de octubre de 2005 fue aprobada por el Pleno la propuesta efectuada por el alcalde para la enajenación y el pliego de cláusulas que debían regir el concurso, publicándose en el BOP y dando el plazo de 15 días naturales para la presentación de ofertas. Además, se establecía como tipo de licitación la cifra de 12,2 millones de euros.
La Fiscalía considera que los acusados “se pusieron de acuerdo para favorecer a la empresa Roseworld frente a cualquier otra que presentara su oferta”. De hecho, la empresa Promaga quedó excluida del concurso. La adjudicación se materializó en cuatro escrituras públicas, acordándose un primer pago de 6,1 millones de euros. El resto debía ser abonado con la aprobación provisional del PGOU.
La sección algecireña de la Audiencia Provincial de Cádiz ya ha realizado el señalamiento del caso, en el que están acusadas un total de 11 personas y están llamados a declarar hasta 36 testigos, según fuentes judiciales, dentro de un proceso que consta de más de 500 tomos de sumario. Juárez, inhabilitado de sus funciones públicas por el caso Pálex, tendrá que afrontar estas dos imputaciones en sólo cuatro meses.
Somixur y Escalinata, pendientes de juicio
El Ayuntamiento de Algeciras también se encuentra inmerso en dos procedimientos judiciales sin resolver, ambos relativos a presuntas irregularidades urbanísticas, y cuya instrucción se encuentra aún en proceso. El primer de ellos es el conocido como caso Somixur (Sociedad Mixta de Urbanización).
En este caso, se investigan posibles delitos societarios, de apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y la instrucción judicial del caso afecta a los tres presidentes que ha tenido Somixur (actualmente en disolución), desde que se iniciara el procedimiento, como es el caso de los ex alcaldes algecireños Patricio González, Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera. Igualmente, el Ayuntamiento está pendiente de resolver un conflicto urbanístico por la construcción del aparcamiento de La Escalinata, que fue declarado ilegal por los tribunales en diciembre de 2004, al haberlo hecho pasar por subterráneo de forma fraudulenta, al tomar como rasante la Plaza Alta y no la avenida Virgen del Carmen, y cuyas responsabilidades aún están por depurar.
Ildefonso Gómez, investigado por la finca La Bordalla
El ex alcalde de Jimena Ildefonso Gómez es otro de los regidores del Campo de Gibraltar que está bajo la lupa de la justicia, a la espera de que se resuelva un proceso en el que está siendo investigado. En concreto, se trata de la licencia de obras concedida el 27 de octubre de 2004 para la construcción de un cortijo de 350 metros cuadrados en la finca La Bordalla, motivo por el cual el juzgado abrió diligencias contra él por una presunta irregularidad urbanística.
En el escrito de acusación, se puso de manifiesto a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Cádiz que la vivienda había superado los límites permitidos, que se había construido sin licencia y sin los correspondientes informes jurídicos que debía de haber emitido la Secretaría General del Ayuntamiento.
Este es el único proceso en el que Ildefonso Gómez está siendo investigado directamente, y que está aún pendiente de resolución, aunque también ha tenido que prestar declaración por por la presunta construcción ilegal de dos campos de polo en la finca de Matavaquillas.
Manella y el caso Santa Catalina
El juzgado de instrucción número 1 de Algeciras ha incoado diligencias previas contra el alcalde de Tarifa, Miguel Manella, por presuntos delitos de prevaricación, falsificación documental, sobre el patrimonio histórico, ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el entorno del Castillo de Santa Catalina, declarado en la actualidad Bien de Interés Cultural (BIC), puesto que lo que inicialmente iba a ser la reforma de la Oficina de Turismo finalmente se convirtió en un proyecto de zona de ocio, comercial y restaurante.
El Ministerio Fiscal ha emitido un informe con fecha de 19 de febrero en el que califica la designación del castillo y cerro de Santa Catalina a la empresa Centro Tarifa Santa Catalina de “caso flagrante de una adjudicación administrativa llevada a cabo sin ningún tipo de sometimiento a la legalidad, de forma arbitraria y, por supuesto, delictiva”.
El Partido Popular, como denunciante del caso, indicó en su día que “la entrega del Cerro y Castillo de Santa Catalina a una empresa creada a propósito después de realizarse el concurso y la adjudicación a la misma, aún no habiéndose presentado al concurso, es una violación flagrante de los términos de la Ley de Contratos del Estado, así como la adjudicación de la obra pública y la concesión de la explotación de la misma en base a un simple concurso de ideas”.
La prohibición de uso comercial en el cerro de Santa Catalina es “una prescripción clara de nuestro Plan General que ha sido vulnerada por la aprobación del proyecto”. Miguel Manella, que anunció hace meses que dimitirá al agotar su mandato por “desgaste político”, se encuentra a la espera de que se inicie el juicio oral, en el que se dilucidará si ha concurrido o no en el delito denunciado.
El cobro de residuos a Acerinox y La Gertrudis
Dos son los procedimientos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento de Los Barrios que están pendientes de resolución. Aunque el ex alcalde Alonso Rojas (a cuyo periodo de mandato corresponden las presuntas irregularidades), no se encuentra como imputado en ninguno de ellos, sí cuenta con diligencias previas abiertas, con lo que se está a la espera de conocer su responsabilidad o no en los hechos.
El primero de los casos hace referencia al presunto cobro a la factoría barreña de Acerinox de la tasa por la prestación del servicio de retirada, transporte, tratamiento y destino final de residuos inertes, a un precio inferior del pactado en el Pleno de 31 de diciembre de 1998. La instrucción del caso se inició en 2006 y aún está pendiente de resolución.
El segundo, se corresponde con la ejecución de las obras de desmonte en la finca La Gertrudis para la construcción de un parque tecnológico, que numerosos colectivos consideran ilegales y fueron paralizadas cautelarmente. El juzgado de instrucción número 1 de Algeciras, que se encarga de la causa, ha solicitado recientemente la práctica de nuevas diligencias para completar el expediente.
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