Unos 900 contribuyentes andaluces tendrán que tributar por el impuesto del gobierno central a las grandes fortunas después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso del ejecutivo andaluz contra dicha figura tributaria y supondrá aproximadamente unos ingresos para las arcas públicas de 30 millones.
Tras el fallo, la Junta de Andalucía estudia la fórmula técnica para que esos contribuyentes decidan si quieren tributar por dicho impuesto a las grandes fortunas en la comunidad autónoma o en la Agencia Tributaria Estatal, una medida que tendrá que tener aprobada antes de finales de este año, según ha explicado este viernes la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España.
Desde el año 2022 en Andalucía no se paga el impuesto de patrimonio mediante una exención del 100 % para los patrimonios netos inferiores a 3,7 millones, una cifra superior a la establecida por el impuesto estatal de tres millones.
Por regla general, los patrimonios por debajo de 700.000 euros están exentos de pagar este impuesto y, además, los 300.000 primeros euros del valor de la vivienda habitual también están exentos de tributar por el Impuesto de Patrimonio.
En total en Andalucía unas 17.000 personas declaran el impuesto del patrimonio pero no llegan a los 3,7 millones de euros, por lo que están bonificados al cien por cien con la exención establecida por el ejecutivo andaluz y el impacto en las arcas públicas es de unos sesenta millones, según cálculos ofrecidos por la Consejería de Economía.
De esos 17.000 contribuyentes unos 900 superan los tres millones de euros de patrimonio que fija el gobierno central para tributar por el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas y, precisamente, para estos afectados la Junta busca fórmulas técnicas para que tengan la opción de decidir dónde tributan.
Según la estadística de la Agencia Tributaria correspondiente a 2021, los declarantes del impuesto de patrimonio, aquellos cuya fortuna supera los 700.000 euros, sumaban en Andalucía 19.841, un 4,4 % más que en 2020, y el patrimonio declarado ascendió a 2,8 millones, un 3,9 % más que en el ejercicio anterior.
La Junta de Andalucía sospechaba que el TC iba a tumbar su recurso a raíz de que desestimara hace una semanas el que interpuso la comunidad de Madrid por el mismo motivo y, en este sentido, ha defendido que el tributo estatal es "injusto" y fue consecuencia de las rebajas fiscales del gobierno andaluz.
En febrero pasado el Gobierno andaluz presentó ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas, en el que pidió su suspensión cautelar hasta que haya una resolución, que se desestimó, al considerarlo "un impuesto contra Andalucía" y que invade las competencias autonómicas.
El fallo del TC descarta que se haya vulnerado la autonomía financiera, ya que el impuesto sobre grandes fortunas "es complementario" al de patrimonio, -tributo estatal cedido a las comunidades autónomas- de modo que lo satisfecho por éste se descuenta para determinar la cuota del nuevo impuesto.
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