A Lorena Montero, fiscal delegada de Violencia de Género en Cádiz, le preocupa mucho “el negacionismo” de una lacra social que, solo en la provincia, se ha cobrado este año, entre enero y agosto, cinco vidas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.
“La violencia de género es una violencia estructural, muy arraigada, por lo que la educación, no solo en los centros escolares, sino también en las familias es esencial”, reflexiona en una entrevista en La Orilla, el programa que dirige y presenta Pedro Espinosa en 7TV. Sin embargo, advierte, “esos valores de igualdad, respeto a la dignidad y la libertad no están llegando, especialmente a la población más joven”, donde se detectan un creciente número casos de violencia. Montero apunta a que los menores, niños y niñas, los adolescentes, “no tienen desarrollado el espíritu crítico” del mismo modo que un adulto y la circulación de mensajes como que “esto es cosa de cuatro feminazis”, el consumo de pornografía o la sobreexposición en redes sociales lleva a que, en demasiadas ocasiones, no se reconozcan como maltratadores ni tampoco sepan identificar el maltrato.
De hecho, ha alertado, que la víctima aparezca en sus perfiles en ropa interior o con posturas insinuantes sirve para que el entorno la condene doblemente.
Montero señala, del mismo modo, los efectos perversos de la Ley sí es sí que, si bien pone el foco por primera vez en el consentimiento, ha rebajado penas a agresores y a dejado en la calle a condenados, aspecto que “el Ministerio Fiscal pidió modificar” mucho antes de que finalmente el Gobierno de España modificara. Igualmente, la proliferación de informaciones inexactas sobre las denuncias falsas hace un daño considerable. “Prácticamente no existen -puntualiza al respecto-, el porcentaje es mínimo”. “¿A quién beneficia esto?”, se pregunta. A las víctimas, desde luego, no, responde.
La memoria de la Fiscalía de 2022 concluye que se denunciaron 49.749 casos. Dado que durante la crisis sanitaria la cifra se redujo considerablemente, desde 2021 los números no paran de crecer. Pero, ojo, Montero sostiene que, pese a lo abultado del guarismo, solo representa el 21% del total de los episodios existentes, según estudios de toda solvencia.
La fiscal trata de explicar las reticencias a acudir, generalmente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado antes que al juzgado, para poner en conocimiento por parte de la víctima la situación de maltrato.
Miedo, pudo, vergüenza, de entrada. La dependencia con respecto al agresor, el desamparo económico o la protección de los hijos aparecen, del mismo modo, como causas. O la falta de apoyo social, del entorno. Esto hace, agrega, que, en los casos graves, en los municipios de más de 40 habitantes, desde la primera agresión a la denuncia transcurran, de media, ocho años y ocho meses; en los municipios rurales, ese periodo se alarga hasta los trece años. Considera que hay que reforzar juzgados y mejorar el procedimiento para que la víctima no se sienta desprotegida.
Ni las instalaciones judiciales “ni haber conseguido encontrar el engranaje de la prueba preconstituida para evitar que la mujer declare y declare y tenga que acudir a tantos organismos” aportan tranquilidad.
Tampoco se ha desarrollado al completo la Ley de 2004 de atención integral, de manera que se disponga ya de unidades de valoración en el Instituto de Medicina Legal con medico forense, trabajador social y psicólogo, o se haya dotado de medios a Policía Nacional y Guardia Civil para los traslados de las víctimas.
En este contexto, la comarcalización de los juzgados de San Fernando y Puerto Real en Cádiz, como ya se hizo en el Campo de Gibraltar, despierta cierto rechazo. “Puede ser un fracaso” y complicar aún más que se resarza con agilidad a la víctima.
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