Durante su intervención en el foro “Andalucía capaz”, que puso ayer en marcha el PP andaluz en Málaga, Arenas manifestó que “es falso que el problema sea exclusivamente de ayuntamientos o comunidades autónomas”, dado que el 80% de la deuda “descansa hoy” en la gestión del Gobierno central.
El dirigente popular hizo esta propuesta días después de que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reclamara mayor control de los presupuestos de las comunidades autónomas y entidades locales al creer que el menor compromiso de estas administraciones puede poner en riesgo el objetivo de reducir el déficit público.
Tras señalar que las familias, pymes y autónomos ya están “en austeridad”, Arenas dijo que el hecho de que la mayoría de la deuda corresponda al Gobierno no impide “apostar con todas las consecuencias” por la austeridad en los ayuntamientos y comunidades autónomas.
El líder del PP-A criticó que la Junta haya respondido al gobernador del Banco de España “desde la soberbia”, pese a que en la comunidad hay un millón de parados, y lamentó que no exista “capacidad de autocrítica”.
“Si mañana gobernamos en Andalucía, el primer ejemplo de austeridad para la sociedad andaluza será el Gobierno”, prometió Arenas, quien concretó que el PP recortará “en todo menos en educación, que sería un suicidio recortar”, porque en este área están “las oportunidades del futuro”.
A este respecto, señaló que “un niño andaluz recibe la mitad de la inversión de un niño vasco”, y defendió que la Junta siga endeudándose para Educación, así como que mantenga su gasto en Salud y Servicios Sociales.
Según Arenas, existe “muchísimo margen” para disminuir el gasto público, pues Andalucía es la comunidad con más coches oficiales, con más asesores, altos cargos y “más despilfarro”.
El presidente del PP andaluz considera necesario que exista “confianza” en la comunidad, para lo que es preciso que haya seguridad jurídica, lo que pasa por “eliminar la diarrea permanente legislativa y normativa” del Gobierno andaluz, ya que no se puede “dificultar más” la actividad empresarial, declaró.
También apostó por una mejora en el ámbito de la Justicia, y se preguntó: ¿”Se puede hablar de seguridad jurídica para la confianza con 500.000 asuntos pendientes?”.
“No echarle cuenta”
Por su parte, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, acusaba ayer al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de causar con sus declaraciones que el Gobierno central recorte derechos sociales, y expresó que lo mejor para Andalucía es “no echarle cuenta”.
“Mientras menos cuenta echemos al presidente del Banco de España, mejor le irá a Andalucía, porque cada vez que abre la boca, (José Luis Rodríguez) Zapatero coge la tijera y da un nuevo tijeretazo a los derechos de la mayoría social”, declaró Valderas en una rueda de prensa sobre propuestas parlamentarias de IU, celebrada ayer en Málaga.
Para Valderas, “no se puede aceptar” que el presidente del Banco de España plantee que Andalucía tenga que recortar nuevamente su política de inversiones y de endeudamiento porque es “insolidario, injusto y juega contra los intereses” de la comunidad.
“Su principal preocupación debería ser que el crédito fluya y los autónomos y empresas tengan créditos”, expresó Valderas, por lo que propuso aumentar en 10.000 millones de euros los Presupuestos Generales del Estado para 2011 con una nueva política fiscal que persiga el fraude y la economía sumergida, el impuesto de patrimonio, la presión a grandes fortunas y una tasa sobre beneficio bancarios, entre otros puntos.
Por otra parte, informó de que la formación política planteará en el Parlamento andaluz una iniciativa para estimular al Gobierno a poner en marcha el plan de infraestructuras para la calidad de las aguas en la región porque está obligado a cumplir con la normativa comunitaria en este ámbito antes de 2015.
Los funcionarios protestan por la reestructuración
La Asociación “Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública”, integrada por más de 600 funcionarios de la Junta de Andalucía, llevaron ayer a cabo encierros en distintas sedes administrativas de Medio Ambiente en protesta por el traspaso de este personal a las agencias públicas.
Los encierros, coordinados con los miembros de las plataformas ‘Agua Empleo Público’, constituida por empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua, y la ‘Red Andaluza de Opositores y Nuevos Funcionarios’ tuvieron lugar en la sede de servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente, así como en las sedes de la Agencia Andaluza del Agua de todas las provincias.
En los encierros estuvieron unos cien empleados públicos, según esta plataforma, que denuncia que la reordenación del sector público -aprobada en julio- vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública y “se crea una nueva administración con fines partidistas”.
Dichos principios se vulneran al entrar en la administración pública, “por la puerta de atrás”, más de 20.000 personas que son trabajadores de empresas públicas y fundaciones de la Junta y que no cumplen los requisitos para acceder al puesto de funcionario.
Asimismo, se consolida la “administración paralela que durante más de treinta años se ha ido tejiendo”, con el vaciamiento de funciones inherentes de los empleados públicos a favor de personal contratado “bajo no se sabe bien qué criterios”.
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