Puyol se ha dirigido al CGPJ por considerar que el tono intimidatorio de la misiva -en la que el embajador de Reino Unido en España, Giles Paxman, asegura que el actor podría demandar a los responsables de hacer pública su imputación- puede ser “un atentado a la independencia de un órgano judicial español”.
La carta remitida por Paxman ya está en poder del CGPJ y del Ministerio de Asuntos Exteriores, que podrían pronunciarse en los próximos días sobre la pertinencia de que un embajador utilice la vía postal para dirigirse directamente al juez de un caso en el que está implicado un compatriota.
“Sir Sean ha manifestado que la mera revelación pública de estos supuestos procedimientos penales no sólo afecta a su imagen pública sino también le causa un perjuicio financiero notable, evidente y cuantificable”, recoge el escrito del embajador.
“Por ello -agrega el diplomático en el texto enviado el juez instructor del caso Goldfinger- el actor escocés se reserva el derecho de poner una demanda contra las personas responsables”.
Según Paxman, hasta la fecha ni Connery ni su esposa han recibido comunicación alguna del juzgado, ni de ninguna autoridad judicial, fiscal o policial española informándoles de que pueden haberse iniciado procedimientos en su contra e ignoran los detalles del caso, los cargos en los que se imputan y las pruebas en las que se basan.
En este sentido, el embajador traslada al juez la petición del actor de que le notifique “inmediatamente” cualquier actuación judicial “que se haya realizado, que esté en curso o prevista” y le remitan la información a su residencia permanente en Nassau (Bahamas), petición a la que ha accedido Puyol.
Posteriormente, la embajada de Reino Unido en España aseguró que con esta carta “sólo ha pretendido facilitar la relación entre el actor Sean Connery y el Juzgado”. Según fuentes de la citada embajada, ésta “no ha intervenido de ningún otro modo”.
Sean Connery y su esposa han sido citados a declarar el próximo 15 de octubre en un juzgado de Marbella por su imputación en la causa denominada Goldfinger en referencia a la película de 1964 en la que el actor interpretó el papel del agente británico James Bond.
El procedimiento penal se remonta a 2007 y cuenta con una veintena de imputados, entre ellos el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor de Urbanismo y principal procesado en el caso Malaya contra la corrupción, Juan Antonio Roca.
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