Chamizo compareció en comisión parlamentaria para dar a conocer el informe especial de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en el que se analiza la normativa y las acciones que las corporaciones locales y las diputaciones andaluzas tienen y realizan en materia de participación ciudadana.
Según el defensor del Pueblo, la convivencia posibilita la mejora en la calidad de vida de los individuos, la justicia social y el desarrollo de las condiciones de igualdad y libertad, un fin que se puede lograr mediante la plena implantación de la democracia participativa, algo a lo que tienen que aspirar los ciudadanos.
El informe, motivado por la acumulación en los últimos años de un mayor número de quejas por parte de los ciudadanos, pone de manifiesto que la mayoría de los organismos locales deben hacer una “seria” labor de regulación interna o de ordenanzas, pero que las diputaciones, en general, carecen de ellas “o están antiguas”.
En el caso de los ayuntamientos, el informe destaca que la mayoría tienen reglamentos, incluso aprobados con antelación a la reforma legislativa del 2003, pero adolece de falta de actualización, según Chamizo.
El defensor recomienda actualizar las normas y adecuarlas a las pautas internacionales marcadas; fomentar las estructuras complementarias por distritos o los consejos sectoriales o su mejora si ya existen, aunque reconoce que existen áreas de Participación Ciudadana específicas.
También recomienda mantener o incluir en los reglamentos medidas de apoyo y fomento como convocatorias anuales de subvenciones o ayudas específicas; cesiones de uso de locales o ayudas para medios materiales, además de garantizar la participación en la elaboración y ejecución de los presupuestos.
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