El jefe del Parlamento luso, Augusto Santos Silva, afirmó que la disolución de la Asamblea de la República tras la dimisión del primer ministro, António Costa, por una investigación judicial "puede ser peligrosa", porque "significa que la Fiscalía puede determinar el tiempo de los mandatos políticos" en Portugal.
En una entrevista con el canal luso RTP, Santos Silva aseguró que la decisión de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas por parte del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, es legítima, pero defendió que "no es necesaria" cuando hay "una mayoría parlamentaria cohesionada y estable".
Santos Silva hacía alusión a la mayoría absoluta que obtuvieron los socialistas en las legislativas de 2022.
"En la práctica significa que la Fiscalía, o parte de ella, puede determinar el tiempo de los mandatos políticos, el tiempo de la agenda política y el tema de la agenda política", resumió.
Pidió también a la Justicia que la investigación, que comenzó el pasado 17 de octubre, "se esclarezca lo más rápido posible" y, ante la cercanía de las elecciones el 10 de marzo, solicitó "al Tribunal Supremo de Justicia que sea rápido en la realización de la investigación".
"Desde el 17 de octubre hasta el 10 de marzo van prácticamente cinco meses. Me parece tiempo más que suficiente para que la investigación sea concluida y el conjunto de los portugueses sepa de la única fuente de la que debe saber lo que realmente pasó", alegó.
El presidente del Parlamento describió como "respuestas cínicas" las afirmaciones de quienes sostienen que el primer ministro, António Costa, decidió dimitir por su cuenta y lamentó que nadie haya pedido disculpas aún al alcalde de Sines, que pasos seis días detenido hasta que un juez ordenó su puesta en libertad para él y otros implicados en la causa tras establecer que no son sospechosos de corrupción.
El pasado 7 de noviembre, el primer ministro anunció su dimisión después de que la Fiscalía anunciara una investigación en un caso de supuesta corrupción en negocios relacionados con el litio y el hidrógeno, bautizado como "Operación Influencer".
Costa solicitó a Rebelo de Sousa que no disolviera las Cortes y nombrara a un sucesor socialista en el Ejecutivo, pero el jefe de Estado optó por convocar elecciones, que fijó para marzo.
En el marco de esta operación, la Policía detuvo a cinco sospechosos, entre ellos el jefe de Gabinete de Costa, Vítor Escária -que tenía más de 75.000 euros escondidos en su despacho-, y su padrino de boda, Diogo Lacerda Machado, pero seis días después de la dimisión los dejó en libertad por considerar que no había pruebas suficientes de prácticas de corrupción y prevaricación.
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