La portavoz del PSOE en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Lucía Trujillo, han anunciado la presentación de alegaciones contra la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial del servicio mancomunado de depósito, tratamiento y eliminación de residuos para el Campo de Gibraltar. En coherencia con la postura mantenida por el PSOE en el pleno, los socialistas piden en el documento registrado hoy la nulidad del acuerdo plenario del 10 de octubre por el que se aprobó el tarifazo. Trujillo lamenta que estén tratando de dar cuerpo normativo “a un atraco al bolsillo de los ciudadanos de la comarca con el planteamiento de esa subida del 46 por ciento en el precio del tratamiento de residuos”.
Como se recordará y denunció la portavoz del PSOE en el Pleno, fue la segunda decisión que tomó el nuevo Gobierno del ente comarcal, después de haber aprobado primero una subida del 10 por ciento en el sueldo de sus miembros.
La portavoz socialista ha señalado que “el PSOE da voz a través de estas alegaciones a las vecinos y vecinas del Campo de Gibraltar que han expresado su contrariedad ante la abusiva subida y a los que afecta la medida impulsada por el PP en la Mancomunidad”.
El primer argumento que utilizan es que “la sustitución del Secretario General no se encuentra en el expediente debidamente acreditado” y por lo tanto, piden que se revoquen los acuerdos adoptados en esta sesión plenaria al considerarse nulos de pleno derecho ya que el nombramiento accidental del Secretario General no es conforme a la ley.
Por otro lado, en virtud de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, desde el PSOE según explica Trujillo, “entendemos que el expediente de la modificación de la ordenanza que solamente tiene como misión gravar el hecho imponible de la ley, debería contener un Plan Estratégico diseñado por ARCGISA y aprobado por la Junta de Comarca que persiga el objetivo que verdaderamente preocupa al legislador, que no es otro que la mejora y eficiencia en el reciclaje y tratamiento de los residuos en los vertederos”.
La línea argumental de las alegaciones del PSOE pone el foco también en que sea una medida extendida hasta el año 2027. “Al no existir dicho Plan Estratégico, el expediente adolece gravemente de alguna declaración de intenciones donde el ente mancomunado y su empresa pública ARCGISA se comprometan a mejorar en el servicio de reciclaje, recogida y tratamiento del residuos”, lo que se demuestra, en opinión de los socialistas, en la aprobación de la modificación de ordenanza hasta el año 2027.
“Si verdaderamente, el ente comarcal se acogiera a lo perseguido en la norma estatal, la modificación de la ordenanza se habría hecho de manera anual y ligado a una serie de actuaciones llevadas a cabo por parte de ARCGISA que posibilitara no tener que gravar en los ciudadanos las deficiencias de un servicio más allá de lo estrictamente necesario”, agregan, considerando“totalmente injustificado la necesidad de aprobar esta modificación hasta el año 2027” y calificándolo como “una inseguridad jurídica e indefensión en el contribuyente al aprobar la modificación hasta el año 2027, ya que la referencia tomada de IPC, a no ser que se aprueben otras modificaciones, será la del año 2023”.
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