Las asociaciones profesionales de letrados, inspectores, interventores, auditores, técnicos y médicos evaluadores de la Seguridad Social han avisado de que el traspaso de su gestión a las autonomías vulnera las garantías constitucionales, así como el principio de caja única y solidaridad del sistema.
En un comunicado conjunto advierten de que ceder o transferir cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social contravendría el principio de igualdad de todos los españoles con independencia del territorio donde residan.
Alerta del peligro que para la sostenibilidad y garantía del sistema supone que el Estado renuncie a las competencias que tiene contempladas en la Constitución, que le atribuye en exclusiva la competencia sobre legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social.
"La articulación de nuestro sistema de Seguridad Social no puede depender ni de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas, por lo que apelamos a la responsabilidad", dice el comunicado en referencia al acuerdo PSOE-PNV que prevé agilizar el traspaso al País Vasco de competencias pendientes, entre ellas, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
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