El secretario de Organización del PSOE-A y exalcalde de Maracena, Noel López, ha destacado la "gestión impoluta del PSOE" en este municipio del área metropolitana de Granada después de que la Audiencia Provincial haya dejado sin efecto la investigación paralela acordada por un Juzgado de Instrucción sobre la posible existencia de un caso contra la legalidad urbanística.
"La Audiencia Provincial se pronuncia y deja fuera de cualquier género de duda la gestión impoluta del PSOE y yo como alcalde durante estos 16 años", ha aseverado López en un mensaje en redes sociales, consultado por Europa Press. Se congratula asimismo de que la justicia "vuelve" a darle la razón.
Todo ello al entender la Audiencia que las irregularidades denunciadas por la exconcejal socialista Vanesa Romero no quedan corroboradas en los documentos intervenidos a raíz de su secuestro y que, por tanto, las conclusiones policiales se basan en "meras sospechas" aportadas por su testimonio.
Para López, los maraceneros "votaron el 28M con una mentira tergiversada para sacar rédito político, y hoy se hace justicia", siendo los vecinos de Maracena "las víctimas de esas noticias, porque se nos utilizó y se proyectó una imagen de nuestra ciudad que no era cierta". Tras las elecciones municipales, que ganó el PSOE con mayoría simple, en el municipio gobierna un cuatripartito presidido por el PP en el que también participa Vox y dos formaciones locales.
Según consta en un auto notificado este viernes contra el que no cabe recurso y al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia de Granada estima el recurso presentado por la representación procesal de Noel López contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada de abrir unas diligencias previas en relación a una posible trama urbanística en Maracena.
Esta investigación se abrió al margen del secuestro y se refería a varios expedientes urbanísticos. La defensa de Noel López, ejercida por el letrado José Antonio Rodríguez Alaminos, solicitó la revocación de este auto alegando que en los documentos no existe "indicio alguno de la presunta comisión de hechos delictivos, lo que determina que la citada resolución suponga la realización de una investigación prospectiva, prohibida por contraria a nuestro sistema constitucional de derechos y libertades".
La Audiencia Provincial le ha dado la razón y precisa que en los documentos que se ocuparon en poder de la víctima no se aprecian indicios de la existencia de un actividad delictiva y que el informe policial confirma que esta documentación no es suficiente para determinar la existencia de irregularidades en la tramitación de los correspondientes expedientes.
La Sala no discrepa de la opinión de los investigadores de que estos documentos deben analizarse en el contexto del secuestro y de las declaraciones de la exconcejal pero sí de que en base a ello el juez instructor incoee un nuevo procedimiento penal.
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