“Los ataques sistemáticos y generalizados (contra los hutus refugiados en la RDC) revelan varios elementos abrumadores que, si son probados en un tribunal competente, podrían ser calificados de genocidio”, señala el informe.
“El uso extensivo de armas blancas y la apariencia sistemática de las masacres podría indicar que las numerosas muertes no son imputables a la guerra”, agrega el texto.
El informe es la radiografía de las 600 peores atrocidades (matanzas, agresiones sexuales y violencia generalizada) cometidas en la RDC (ex Zaire) de 1993 a 2003, causadas tanto por los enfrentamientos entre el Gobierno y grupos rebeldes, como por la intervención de hasta ocho ejércitos de la región.
Respecto a la posibilidad de que el Ejército ruandés hubiera cometido genocidio, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, cuya oficina encargó el informe, recalcó que “esa cuestionó sólo podrá ser dirimida por un tribunal competente”.
Pillay comentó el texto a través de un comunicado, dado que suspendió una rueda de prensa previamente anunciada.
Las matanzas acabaron cuando las milicias del general Paul Kagame, formadas mayoritariamente por ruandeses de la etnia tutsi, tomaron el poder, forzando la huida de miles de miembros de la Interahamwe hacia la vecina RDC, un éxodo en el que también formaron parte decenas de miles de civiles hutus.
Según el texto publicado con el estudio, el Ejército ruandés contó con la colaboración de la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, lideradas por Laurent Kabila, quien tomó el poder de la RDC en 1995, y es el padre del actual mandatario congolés, Joseph Kabila.
“Varios incidentes relatados parecen indicar la posibilidad que los múltiples ataques visaban al grupo étnico hutu como tal, y no sólo a los criminales responsables del genocidio cometido en 1994 contra los tutsis en Ruanda”, según el informe.
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