La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba laboralmente en la zona de la ribera del Ebro a inmigrantes, la mayoría senegaleses, en el marco de una operación que se ha saldado con la detención de 43 personas y el ingreso en prisión provisional de los dos presuntos cabecillas.
La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en colaboración con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Pamplona, Tudela y Logroño, han llevado a cabo, tras nueve meses de pesquisas, la operación “Oslo” que ha permitido desarticular esta organización investigada por delitos de la explotación laboral, tráfico de inmigrantes, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.
Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Aragón, se trata de una red perfectamente estructurada, sólida, estable y compleja por sus distintas conexiones, que estaría conformada por al menos sesenta personas.
Su actividad consistía en la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de ciudadanos extranjeros, en su mayoría senegaleses captados tanto en su país de origen como en España, a los que ofrecían puestos de trabajo agrícolas e imponían condiciones de trabajo de semiesclavitud prevaliéndose de su situación de necesidad e irregularidad administrativa en España.
La investigación se inició a principios de este año a raíz de varias inspecciones conjuntas en zonas agrícolas en las que se identificó a varios ciudadanos extranjeros captados por la red que estaban siendo explotados laboralmente y en las que fueran detenidas seis personas como presuntas responsables de un delito de falsedad documental.
Esta primera fase de la operación se saldó con 27 detenidos, entre ellos varios miembros del escalón superior e intermedio de la organización, los lugartenientes y hombres de confianza del principal investigado que ejercía de principal proveedor de mano de obra irregular a requerimiento de un empresario agrícola de la zona de la ribera del Ebro de Navarra y de Zaragoza, que fue identificado como el líder de la organización criminal.
En el transcurso de la investigación, los policías pudieron determinar que los miembros de esta organización captaban a ciudadanos extranjeros, principalmente de Senegal, y una vez llegaban al destino establecido, eran acogidos en viviendas ubicadas en diferentes poblaciones de la ribera del Ebro de Navarra y Zaragoza.
En estas viviendas, la mayoría propiedad del líder de la organización, alojaban a los migrantes hacinados y sin las mínimas condiciones higiénicas ni de habitabilidad.
Además, les imponían unas condiciones laborales abusivas y en régimen de semiesclavitud, ya que les obligaban a trabajar en los campos asignados por la organización criminal los siete días de la semana con jornadas laborales de hasta diez horas, con un salario de siete euros la hora, sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, hasta el punto de descontarles del sueldo si descansaban media hora para comer.
Fruto de las pesquisas los agentes pudieron detectar la participación de hasta quince empresarios agrícolas de esas zonas que se prevalían de la mano de obra irregular aportada por el cabecilla de la organización para realizar labores en sus respectivas explotaciones agrícolas.
Con estos empleados, los empresarios se beneficiaban económicamente al trabajar sin contrato y sin alta en la Seguridad Social, conformando de esta forma una estructura sólida de demanda estable de mano de obra fraudulenta y, por tanto, su pertenencia a la organización criminal.
En esta fase se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios en Ribaforada (Navarra) y Alfaro (La Rioja) en las que se intervino abundante documentación para contrataciones laborales fraudulentas, tarjetas de identificación de extranjeros para suplantaciones, vehículos de traslado de trabajadores y 6.000 euros en efectivo.
De manera simultánea se llevaron a cabo inspecciones policiales en los campos de la ribera del Ebro de Navarra y Zaragoza, junto con las respectivas inspecciones provinciales de trabajo.
Dos de los detenidos, principales responsables de la organización, un senegalés de 37 años y un español de 53, pasaron a disposición del juzgado en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso provisional en la prisión de Pamplona, si bien el español ha quedado en libertad.
En la segunda fase de la operación, los agentes detuvieron a otras diez personas, entre ellas a varios empresarios agrícolas de la zona de Navarra, así como varios “lugartenientes” del principal investigado que sigue en prisión.
Hasta este momento se han localizado y tomado declaración a cinco víctimas de esta red, a los que se les ha ofrecido los recursos integrales disponibles en aras a salvaguardar su integridad y protección.
La investigación continúa abierta con una tercer fase, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
