Los monitores de Educación Especial, en el que se incluye el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos de España (ILSE), se han echado a la calle en una segunda jornada de paro y con la amenaza de convocar una huelga indefinida.
Y es que sus reclamaciones vuelven a caer en saco roto y la Junta de Andalucía sigue haciendo caso omiso a sus reclamaciones, tal y como indicaron en la protesta de este martes con una concentración a las puertas de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta en Cádiz, en la Plaza de Mina de la capital gaditana. Una concentración convocada por Comisiones Obreras y secundada por el resto de sindicatos, al tiempo que contó con el apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas e instituciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Conil cuya alcaldesa, la andalucista Inmaculada Sánchez, asistió a la protesta.
La situación de los monitores de Especial es, cuanto menos, lamentable y precaria laboralmente hablando. De hecho, ningún personal técnico de integración social (PTIS) está a jornada completa en los centros educativos públicos de Cádiz, es decir, les es imposible atender al alumnado con necesidades educativas especiales de 9 a 14 horas, con lo cual, la pregunta que cualquiera puede hacerse es qué pasa con esos alumnos si tienen un problema cuando no está el monitor…
Es por ello que los PTIS han exigido, en esta segunda jornada de huelga, la jornada completa en beneficio del alumnado, así como de la verdadera inclusión y de una educación de calidad, reclamaciones que se expresaban en la pancarta ‘Garantía y solución para el personal que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos públicos’ que portaba el más de un centenar de monitores de Educación Especial de toda la provincia que acudieron a la concentración.
Hablamos de un servicio que la Junta de Andalucía ha externalizado, a pesar de ser esencial. Y lo ha hecho contratando los servicios de la empresa gallega Osventos y que según señalan desde UGT, sindicato que ha interpuesto una demanda contra la misma, “no cumple con el pliego de condiciones” de la licitación, algo de lo que también tiene su culpa “la Junta de Andalucía”.
Para la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, la situación de los monitores de Educación Especial “es insostenible”, se les está “ninguneando” a pesar de realizar una función fundamental para “que podamos contar con una educación pública de calidad. Una función que es esencial para muchas familias y por supuesto, para los centros escolares”.
Inmaculada Sánchez, quien estuvo acompañada por el concejal de Educación en el Ayuntamiento de Conil, Sergio Cáceres, señaló que “esta situación la hemos puesto en conocimiento de la Junta y esperamos que se actúe, dándole una solución al conflicto que padecen los monitores especiales”.
No está de más recordar que durante el curso pasado, en Conil, se llevaron a cabo varias movilizaciones y protestas con este mismo trasfondo y con la participación de las distintas AMPAS de los centros educativos la localidad con el objetivo reivindicar “una educación pública, inclusiva y de Calidad, así como al derecho a la conciliación familiar y laboral de las familias”. Y es que dentro de las protestas, una de las denuncias que se quería poner sobre la mesa era la carencia de PTIS, PTE y AL en el CEP Tomás Iglesias Pérez; y en la necesidad de la ampliación horaria del PTIS del CEIP Francisco Fernández Pozar.
Respecto a la protesta de este martes en Cádiz capital, Víctor Pulido, representante del comité de empresa de los PTIS, no dudaba en afirmar que “vamos a endurecer las protestas porque estamos desesperados” y es que “la empresa Osventos, a la que la Junta de Andalucía ha dado el servicio, no reconoce las tablas salariales que aparecen en nuestro convenio; no reconoce tampoco el complemento de antigüedad; no nos asegura que cuando terminemos el servicio en junio nos paguen las vacaciones. Y a todo ello sumamos que estamos cobrando fuera de plazo. Todavía hay compañeros que no han percibido su nómina de septiembre ni la de octubre. Y además, han aumentado la jornada de 3 a 5 horas a algunos compañeros y eso no aparece reflejado en su vida laboral ni en su salario”.
Se sienten “desesperados e indefensos”, ha agregado Pulido tras denunciar la precariedad laboral que desde hace dos décadas viene padeciendo su colectivo. Un colectivo al que la Delegación territorial de Desarrollo Educativo “no nos hace caso”, como tampoco se sienten escuchados ni atendidos por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ni, mucho menos, por la propia empresa Osventos, “que es gallega y ni siquiera tenemos el contacto porque ella pasa absolutamente de nosotros”.
Así, teniendo en cuenta que desde el pasado 27 de octubre -cuando convocaron la primera jornada de huelga- no se ha producido “ningún avance”, el personal técnico de integración social -que suma más de 300 personas en la provincia- comenzará una huelga indefinida “cuanto antes y hasta que se arregle esta situación, porque lo que reclamamos son derechos mínimos de los trabajadores”, ha recalcado Pulido.
El representante del comité de empresa ha concluido que la “solución final debería pasar por la subrogación”, porque “estamos trabajando en centros educativos públicos y llevamos 20 años con cambios de empresas y cada una hace con nosotros lo que le da la gana. Como servicio público que es nuestro trabajo, debemos ser trabajadores públicos”. “Que nos subrogue directamente la Junta de Andalucía y se acabe este problema con las empresas y encontrarnos indefensos”, ha concluido.
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