Granada

El Comité de Empresa de la EASP defiende la permanencia de la institución en Granada

Han solicitado a la Junta la revisión del proyecto de ley para la extinción del organismo e integrarlo en el Instituto de Salud de Andalucía

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  • Concentración a las puertas de la Junta por la EASP -

El comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), que ha promovido este martes una concentración a las puertas de la sede de la Junta en Granada, con el apoyo de los sindicatos UGT y CCCOO, ha pedido al Gobierno andaluz que reconsidere continuar con el proyecto de ley encaminado a la extinción de este organismo para su integración en el Instituto de Salud de Andalucía (ISA), de nueva creación.

Tras la concentración, UGT ha indicado que "más que una integración de la EASP en otro organismo de nueva creación se trata de una desintegración de una institución granadina con 40 años de historia llenos de éxitos y de prestigio".

Este sindicato ha explicado que "generar hartazgo y desánimo en la plantilla" de la EASP ha sido "una estrategia de la Consejería de Salud para debilitar a la propia institución y evitar así resistencias al proyecto de ley que explícitamente habla de la extinción" del organismo.

Todo ello después de que UGT haya expuesto que "el 80 por ciento" de los profesores y técnicos "han denunciado a la EASP para ver reconocidos los derechos laborales que emanan del convenio colectivo vigente", y que "no debería existir un problema de financiación" del organismo para "justificar el grave incumplimiento" del mismo.

SEDE DEL ISA EN GRANADA

Desde la sección sindical de CCOO en la EASP, han exigido por su parte que conste en el proyecto de ley que habrá una sede del ISA en Granada, y que se garantice el acceso de la plantilla "a todos los niveles y categorías" del nuevo organismo "sin ver mermados los salarios ni la antigüedad".

También que la incorporación al ISA se produzca en "las mejores condiciones posibles para la plantilla, a través del diálogo y la negociación". En definitiva, CCOO exige garantías de que "no habrá movilidad geográfica ni funcional" de los trabajadores.

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