El acuerdo supone transferir al País Vasco las competencias sobre políticas activas de empleo, que incluyen las bonificaciones empresariales a la Seguridad Social, cuestión que ha suscitado el citado debate.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue tajante al asegurar que el acuerdo es “bueno” porque da estabilidad y confianza económica, mientras la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, negó que rompa la denominada caja única.
En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, avanzó que la partida de bonificaciones sale de los Presupuestos Generales del Estado y no merma los ingresos de la Seguridad Social.
Explicó que, según el principio de solidaridad financiera, el País Vasco compensará el “uso” que haga de las bonificaciones marcadas por la legislación estatal, aunque no precisó cómo se establecerá ese mecanismo.
También avanzó que este acuerdo “abre un camino” para el traspaso de la gestión de estas bonificaciones a otras comunidades autónomas.
Al respecto, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, señaló que se procedería en las mismas condiciones que se ha hecho para el caso vasco y adelantó que seis comunidades autónomas podrían solicitar esta transferencia.
Sin embargo, el PP acusa al Ejecutivo de “acabar” con el principio de solidaridad territorial y firmar un pacto que “rompe con la igualdad entre los españoles”.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que el pacto representa la “deslealtad” de Zapatero con el lehendakari, Patxi López, y que el acuerdo “rompe la caja de las pensiones” y “acaba de un plumazo” con 30 años de historia.
Sin embargo, el lehendakari ha valorado que el PNV negocie el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y que se “implique en la gobernabilidad de España como proyecto en el que caben todos”.
Lo cierto es que el pacto del PNV y PSOE, que supone una transferencia de 472 millones de euros, allana el camino para apoyar al Gobierno en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011.
No obstante, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha insistido en que el acuerdo “sólo abre la puerta” a las negociaciones de los Presupuestos y “no es el salvavidas de Zapatero” ni “la escalera en la que Rajoy puede apoyarse para una carrera electoral”.
El diputado de IU Gaspar Llamazares lo califica de “discriminatorio”, mientras que el de ERC Joan Ridao puntualiza que el Gobierno “perpetua” la crisis al conseguir el apoyo del PNV en los Presupuestos.
También los secretarios generales confederales de CCOO y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, consideraron que el traspaso de las políticas activas de empleo puede resentir la autonomía financiera de la Seguridad Social.
Por su parte, el PNV recordó que el traspaso de estas políticas “se circunscribe” a su hoja de ruta y “no vulnera ninguna línea roja”.
La consejera vasca de Empleo, Gemma Zabaleta, aseguró que “no sólo no rompe la caja única sino que consagra su mantenimiento”.
El presidente de CiU y candidato a la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha defendido a los nacionalistas vascos, de quienes ha destacado su “sentido de Estado” al llegar a un acuerdo con el Gobierno para aprobar los Presupuestos del próximo año.
El traspaso de competencias de políticas activas incluye las bonificaciones de las cuotas empresariales –por contratación y por formación–, además de la intermediación laboral (antiguo INEM), inspección de trabajo, la Formación Profesional y el centro de formación de Bermeo .
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