La oscuridad de los abusos sexuales en el ámbito religioso ha sido una sombra latente en España, y los datos publicados este viernes evidencian que Andalucía no ha sido inmune a esta problemática. Un estudio exhaustivo, encargado por el Defensor del Pueblo, ha arrojado luz sobre la extensión y ubicación de estos casos en el territorio andaluz.
De acuerdo con una encuesta realizada por GAD3, el 0,6% de los españoles indica haber sido agredido sexualmente por un sacerdote o religioso católico. Esta cifra se incrementa al 1,13% si se considera el ámbito religioso en su conjunto, incluyendo personal o profesorado de centros religiosos. Estos datos fueron presentados por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien evitó hacer extrapolaciones y se centró en presentar los resultados tal como fueron recabados de una muestra de 8.013 personas.
El escenario en Andalucía se vuelve más complejo al desglosar los datos por municipio. Sevilla, con 14 casos reportados, emerge como una de las ciudades con mayor número de incidentes. Sin embargo, esta no es la única ciudad afectada. Otros municipios como Granada y Córdoba, cada uno con 9 casos, y Jerez de la Frontera en Cádiz, con 4, también han sido escenarios de estas agresiones. Estas cifras muestran una distribución que abarca desde el interior hasta la costa, evidenciando una problemática que no conoce de límites geográficos.
Las localizaciones específicas dentro de estos municipios ofrecen una perspectiva más detallada. Las parroquias, con 5 menciones en el informe, son las que más recurrentemente aparecen como escenarios de estos incidentes. Por otra parte, los colegios religiosos, lugares que deberían ser refugios de educación y crecimiento, también han sido citados en varias ocasiones, mostrando que el problema abarca distintos tipos de instituciones religiosas.
El contexto más amplio de estos datos es alarmante. El 69% de las personas que reportaron abusos indicaron que su agresor fue alguien conocido. En el 22,5% de los casos, el agresor fue un miembro de la familia. A pesar de la gravedad de estas cifras, el silencio prevalece. La mayoría, el 56,6%, no comunicó los hechos a ningún adulto y sólo un 9,5% decidió hablar con la policía o un abogado. De aquellos que decidieron presentar una denuncia, en un 32% los hechos no llegaron a juicio y sólo en un 32,5% culminaron en una sentencia condenatoria.
Los resultados de la encuesta también arrojan luz sobre la percepción pública de esta problemática. El 72% de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social de gran magnitud, y un 24,4% lo ve como bastante grave. Sin embargo, existe una percepción generalizada de que no se están tomando las medidas adecuadas para enfrentar este desafío.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
