Fuentes de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en concreto de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, han asegurado al Grupo Información que el expediente de Emed Tartessus “está incompleto para poder ser tramitado”, a pesar de la documentación que la empresa anglo-chipriota presentó el 30 de julio en la Delegación provincial de Huelva.
Para poder autorizar cualquier proyecto y según la Ley de Minas, los promotores de la actividad deben acreditar la titularidad de los derechos mineros (extremo que continúa siendo objeto de litigio en los tribunales y cuya negociación desmintió en estas páginas el miércoles la Comisión Liquidadora de Minas de Riotinto) además de presentar un proyecto viable en sus aspectos económico, social y medioambiental.
De hecho, la legislación impone que todos los trámites obligatorios sean vinculantes, desde la existencia de los derechos hasta las autorizaciones -y en este orden- ambiental, urbanística, municipal, industrial y de explosivos.
Así, la confirmación de la Junta vuelve a situar el proyecto de Emed Tartessus en el mismo lugar administrativo en el que se encontraba antes del verano y la supuesta oferta de venta de propiedades de la Comisión Liquidadora a la compañía anglo-chipriota está en el aire hasta que no se celebra la Junta pertinente.
Según confirmó el secretario de la Comisión, Jorge Díaz del Río, esta entidad ni ha hecho ofertas ni se ha reunido con Emed, asegurando que cualquier acuerdo que se alcance debe votarse en la Junta (que se celebrará este jueves), en la que no tienen voto ni él ni Carlos Estévez por mandato judicial.
Además, Díaz insiste en que esa firma que exige Emed no es relevante para ninguna autorización y que se llevará a cabo si la Junta o el Tribunal Supremo (donde se dirime si la venta de MRT se realizó conforme a derecho) así lo requieren.
Responsabilidad civil
Al margen de la situación legal y administrativa en la que se encuentra el proyecto de Emed Tartessus, desde la Junta quisieron desvincular cualquier autorización de la actividad minera del requerimiento que sí han confirmaron que enviaron en el mes de agosto a los tres copropietarios (Emed, Zeitung y Rumbo 5.0) de las presas de estériles de Minas de Riotinto para que subscriban una póliza de responsabilidad civil que garantice la seguridad de estos residuos.
Según las fuentes consultadas, este requerimiento se sustenta en el decreto 281/2002 de la Junta que regula los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de la industria, minería y agricultura, y se basa en la obligación de cualquier propietario de una presa o balsa de residuos a su conservación y mantenimiento.
Así, el requerimiento obliga a los propietarios, en proporción a la titularidad de los terrenos donde están las presas, a subscribir de forma “individual, acordada o asociada” una póliza de responsabilidad civil por valor de 180 millones de euros. Según las propias informaciones de la empresa anglo-chipriota, Emed Tartessus posee el 44% de las presas de estériles, por lo que su parte de la póliza ascendería a 79,2 millones de euros.
El requerimiento, según la Junta, es un paso adelante para “regular” la situación de las presas de estériles de Minas de Riotinto en la actualidad y abre un expediente al que tendrán que responder los copropietarios antes de abrir cualquier tipo de acto administrativo sancionador. Aclararon que en el expediente si se incluyen las denuncias por vertidos de aguas ácidas a cauce público del pasado invierno, cuatro presentadas ante la Guardia Civil por Rumbo 5.0 y una ante el Juzgado de Valverde por Zeitung, en la que responsabiliza a Emed de haber permitido que llegaran a sus terrenos y a cauce público cuatro millones de metros cúbicos de aguas ácidas. Sobre estas denuncias, la Agencia Andaluza del Agua ya confirmó la apertura de un expediente aunque, al estar en plena tramitación, no han querido adelantar nada de sus conclusiones.
Además, desde la Junta se ha insistido, no sólo en la falta de requisitos para poder tramitar el expediente de actividad minera de Emed Tartessus, si no en la independencia de esta póliza de responsabilidad a cualquier otra futura que se le pudiera exigir sí finalmente consigue acreditar su capacidad y viabilidad para llevar a cabo la actividad minera. “Es imposible que esté relacionada porque esa póliza, como la social o la económica, se establece una vez evaluado y aprobado el proyecto minero”, y será la Consejería de Medio Ambiente quien le dé el visto bueno.
También quisieron desvincular esta póliza del apartado específico que tiene que incluir cualquier proyecto minero, que es la restauración medioambiental tras la finalización de la actividad minera, y de las medidas incluidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía (Promian) que, recordaron, se destina a las presas que están abandonadas. Aún así, hay ciertos apartados del plan de los que sí podría beneficiarse el proyecto, al igual que todas las actividades mineras existentes en la comunidad.
Cuestionan la ambigüedad e indefinición de los datos
La contundencia y claridad de la Junta de Andalucía respecto al estado “incompleto” del proyecto minero de Emed Tartessus coincide con la opinión de diversos ingenieros de minas consultados por el Grupo Información, que han insistido en la “ambigüedad” e “indefinición” de algunos datos ofrecidos por la empresa anglo-chipriota, tanto en sus comunicaciones e informes a la Bolsa de Londres, donde cotizan, como en las presentaciones públicas que han realizado, que vinculan a los deseos de Emed por influir de forma positiva en la cotización de sus acciones.
Algunos de estos aspectos se refieren a la base fundamental del proyecto, como es el cobre en sí. Mantesur -la última en intentar explotar Minas de Riotinto y con datos de MRT SAL- reconocía unos recursos de 196 millones de toneladas, con una ley de cobre del 0,54% y un cobre contenido de 1,06 millones de toneladas, y unas reservas de 60 millones, ley del 0,63% y contenido de 0,378 millones. Frente a estos datos, las informaciones de Emed aseguran que los recursos ascienden a 205 millones de toneladas, una Ley de cobre del 0,46% y un cobre contenido de 0,946, mientras que las reservas las elevaban a 123 millones, una ley del 0,48% y un cobre contenido de 0,585 millones.
Según estos expertos, da la impresión de que Emed disminuye el contenido de cobre de los recursos y reservas, considerando mineral lo que antes eran estériles, para conseguir tratar más material por tonelada producida, con un tope de 9 millones de toneladas al año, el máximo al que se llegó con la SAL. Para estos ingenieros, Emed debe clarificar los recursos probados, indicados e inferidos, además de los estériles -que influirían en la producción y en la capacidad de las balsas-, y el concentrado de cobre que pretenden obtener.
Otro aspecto que preocupa a los ingenieros de minas es el agua. Tras la subasta de los terrenos de MRT, a Emed Tartessus sólo le queda en su totalidad el pantano de Aguas Limpias, mientras que los de Zumajo, Campofrío y Odiel están en manos de otros propietarios. El proyecto de Emed plantea utilizar agua tratada en todo el proceso pero los expertos dudan de su viabilidad porque la acidez que se produce al utilizar la cal para neutralizar los compuestos químicos que se generan “necesita diluirse en agua fresca”.
Con respecto a las inversiones, cuestionan el baile de cifras y, sobre todo, la poca claridad a la hora de definir a qué apartado o epígrafe se destinarán. En la charla de Riotinto afirmaron que invertirán 886 millones en el proyecto, de los que 23,4 millones ya los han invertido, contemplando 57 millones en gastos, 81 de arranque y 130,4 de desarrollo.
Además de los 79,2 millones que tienen que hacer frente para la póliza de responsabilidad civil sólo por mantener las presas, hay que añadirle otros pagos pendientes: 44 millones al grupo MRI por la adquisición de Minas de Riotinto; 19,6 millones a la Seguridad Social y alrededor de 58 millones a las deudas pendientes de MRT (7 a Hacienda; 6 al ICO; 9 al IFA; 12 a los trabajadores y 24 a los acreedores).
Guatemala salpica el currículum de Enrico
El currículum de William “Bill” Enrico, director general de Emed Tartessus, se ha visto salpicado por la polémica tras conocerse que participó como vicepresidente de la empresa canadiense Skye Resources en un proyecto minero fracasado en Guatemala que incluyó desalojo e incluso incendios de viviendas de indígenas de la zona.
Según varias informaciones periodísticas y empresariales, que podrán consultar en nuestra página web, en el año 2004 Skye adquirió el proyecto minero de níquel en Guatemala y dos años después, Bill Enrico entró a formar parte de la empresa. En noviembre de 2006 comienzan los primeros incidentes en Guatemala, que siguen en enero de 2007 con desalojos e incendios que recoge un vídeo y denuncian asociaciones de derechos humanos.
En noviembre de 2007, Skye anuncia el comienzo oficial de la mina de níquel y en diciembre contrata a Morgan Stanley para conseguir los fondos necesarios. Sin embargo, en enero de 2008 la compañía anuncia que ha fallado en su intento de conseguir financiación y el fracaso del proyecto.
En febrero, el presidente de Skye, Ian Austin, abandona la empresa haciendo efectivas sus acciones (489.000 dólares), pero un mes antes, Emed anuncia en bolsa la contratación de Enrico para el arranque de Riotinto.
Enlaces citados en el artículo:
http://politicsnpoetry.wordpress.com/2007/01/
http://www.rightsaction.org/video/elestor/
http://www.dominionpaper.ca/weblogs/dawn/1120
http://upsidedownworld.org/main/guatemala-archives-33/1261-heads-they-win-tails-you-lose-canadian-nickel-companies-in-guatemala
http://www.businessedge.ca/archives/article.cfm/investment-counselling-firm-sends-executive-upstairs-13267
http://www.youtube.com/watch?v=0K1XzNPTcMA
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