En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, el consejero del ramo indicó que esta iniciativa se ejecutará a través de un decreto que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el próximo día 22 del presente mes, con lo que, según dijo, se hará en "tiempo y forma".
Asimismo, Alonso manifestó que si la la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) no le hubiera realizado una petición formal al Gobierno andaluz, éste no habría puesto en marcha esta iniciativa, que, según añadió, goza además del respaldo de los consumidores, los sindicatos e incluso del PP-A e IULV-CA, quienes "habían presentado iniciativas en este sentido en el Parlamento andaluz".
El consejero de Turismo, Comercio y Deportes dijo que el Gobierno andaluz ha sido sensible, "como no podía ser de otra manera" a una propuesta que, a su juicio, puede ser "muy interesante" y que constituye una "aspiración legítima" de un colectivo que agrupa a más de 181.000 empresas y que supone el 10% del PIB en Andalucía."Estamos convencidos de que va a ser una buena medida y tenemos la esperanza de que en el periodo vacacional se incentive el consumo", agregó.
Por último, el responsable del ramo incidió en que la "inmensa mayoría" de la CECA está de acuerdo con esta decisión, "que se ha entendido mucho mejor cuando hemos explicado que sólo se aplicará en 2009". "Se trata de una medida excepcional para una situación excepcional y que, además, repercute en un sector que está haciendo esfuerzos por mantener el empleo", concluyó Alonso.
Reacción de las asociaciones de consumidores
Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (Facua) criticó ayer que la Junta de Andalucía no haya consultado a las asociaciones de consumidores sobre el adelanto de las rebajas, mientras que la Unión de Consumidores en Andalucía (UCE-A) pidió que esta medida sea permanente.
En un comunicado, señaló que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se "ha limitado" a pulsar la opinión de los miembros de la Mesa de Comercio, órgano político derivado de los pactos por el empleo e integrado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los sindicatos CCOO y UGT y el Gobierno andaluz.
Asimismo, indicó que Facua-A lamentó que la Junta de Andalucía haya obviado el papel del órgano consultivo legitimado para analizar la cuestión, la Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía (CACI).
Facua-A destacó que "no se opone en rotundo a la medida", siendo consciente de que con ella el Gobierno pretende" evitar un aumento de la tasa de desempleo en el sector del comercio". No obstante, lamentó que "la Junta de Andalucía siga cayendo en una espiral que no hace más que legitimar el mantenimiento de un cuestionable sistema de producción que sólo se mantiene a costa del sobreendudamiento de los ciudadanos y el fomento del consumismo".
Asimismo, la federación demandó un debate "más profundo" tanto sobre la fecha de inicio como la duración de las rebajas y los mecanismos de control sobre el cumplimiento de la legislación en la materia.
En relación al adelanto al 2 de enero -frente al tradicional día 7 de ese mes-, la federación consideró que beneficiará fundamentalmente al sector comercial, ya que podrá utilizar "una fórmula publicitaria de gran impacto entre los consumidores en unas fechas ya de por sí marcadas por el consumismo navideño".
En este sentido, Facua-A recordó que "nada impide a los comerciantes que modifiquen a la baja los precios de sus productos en cualquier momento del año", ya que "la única limitación existente es el uso del reclamo publicitario rebajas -con la regulación que además impone la Ley de Comercio- durante dos periodos determinados al año".
Pero más allá de la fecha de inicio, la federación reclamó un debate en el que participen todos los sectores implicados en relación a la duración máxima de las rebajas porque "muchos comercios cuelgan el cartel de rebajas durante los dos meses establecidos -tanto a nivel nacional como autonómico- cuando en realidad tras las primeras semanas el número de productos rebajados es muy inferior al mínimo exigido por la legislación".
Asimismo, Facua-A consideró necesario evaluar la eficacia de los mecanismos inspectores de la Administración autonómica, ya que "el incumplimiento de la normativa por parte de determinados comercios perjudica tanto a los consumidores como al conjunto de los empresarios que sí asumen estrictamente lo establecido en la Ley de Comercio".
En este sentido, resultó "importante" no ya reforzar las inspecciones y endurecer las sanciones durante el periodo de rebajas, sino realizar controles previos al inicio de las mismas para evaluar si los productos que se ponen a la venta como rebajados lo están realmente o si han sido traídos "fraudulentamente" para comercializarse exclusivamente durante esas fechas.
Por su parte, UCE-Andalucía valoró que "tras años de peticiones y reivindicaciones" la Junta haya aprobado una medida que tanto favorece a los consumidores, sin embargo la organización señaló que "no comparte que se trate de una cuestión coyuntural y así se lo ha hecho saber a la Junta exigiéndole la permanencia de esta medida en el tiempo".
"No podemos aceptar que estas actuaciones favorezcan a los comerciantes en tiempos de crisis y que, cuando se reestablezca la situación anterior, vuelvan a posponerse las rebajas olvidando los intereses de los consumidores andaluces", dijo el presidente de UCE-A, Juan Moreno.
Explicó que por un lado, favorece los intereses económicos de los consumidores, lo que revertiría en los comerciantes aumentando sus ventas. Por otro, protege a los consumidores ya que, desde primeros de diciembre, muchos establecimientos practican lo que ha venido a llamarse "rebajas encubiertas" a través de diferentes fórmulas comerciales que no garantizan la protección de los derechos e intereses de los andaluces.
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