El Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes en pleno extraordinario y de forma inicial la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de esta capital andaluza, que castigará con multas de 200 euros las infracciones graves por no respetar las restricciones de acceso al centro histórico.
La concejala de Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, ha indicado que los ayuntamientos tienen el deber y la potestad de restablecer y preservar la buena calidad del aire, y que esta zona es una obligación legal para todos aquellos municipios de España de más de 50.000 habitantes.
“La ordenanza se ajusta más a los parámetros legales y normativos que al hecho en sí de que Almería, abierta al mar, sea hoy una ciudad en la que tengamos problemas de contaminación importantes, como sí pasa en otras ciudades", ha explicado.
El ámbito territorial de aplicación abarca la declarada como Zona de Bajas Emisiones (ZBE), delimitada por el Cerro de San Cristóbal y la calle de La Reina por su sector este, englobando el casco histórico y la zona Pescadería.
Podrán entrar los vehículos que dispongan del distintivo ambiental, ciclos, bicicletas y los vehículos de movilidad personal, así como aquellos que, sin distintivo ambiental, se encuentren en situación de alta en el municipio de Almería según la información del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
También los que prestan servicios de emergencia, transporte público colectivo, servicios públicos y vehículos destinados a la distribución urbana de mercancías, entre otros.
Las zonas estarán señalizadas y el control de acceso, además de manual, se hará mediante un sistema automático de cámaras para el reconocimiento de matrículas, con restricciones de acceso de aplicación todos los días laborables, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 20:00 horas.
Con su aprobación inicial, la ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones -cuyo régimen sancionador tendrá una moratoria de un año- quedará ahora sometida a información pública, durante el periodo de un mes, con el objetivo de su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2024.
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