El consejero, que se reunió con los componentes de la Mesa del Toro, dijo a los periodistas que han concertado “un compromiso para trabajar a favor de la fiesta de los toros”, sin complejos, porque “cada vez que los medios de comunicación nos lo han preguntado, la Junta no ha tenido ningún complejo en defender la fiesta”.
Pizarro recordó que se trata del segundo espectáculo de masas después del fútbol y afirmó que, más allá de su carácter de espectáculo, se trata de “cultura” además de pertenecer “a una parte de la historia de España y a una parte muy importante de la historia de Andalucía, de la que es una de sus señas de identidad”.
El consejero recordó además las principales estadísticas que defienden la viabilidad de un espectáculo que “genera 40.000 empleos y mueve 500 millones de euros además de tener una repercusión medioambiental muy importante” ya que “no se pueden concebir las dehesas andaluzas sin la presencia del toro bravo”.
Pizarro también se refirió a la reciente iniciativa abolicionista andaluza señalando que “este debate hay que tomarlo dentro de la normalidad democrática más absoluta: hay que dejar que las reglas del juego de la democracia funcionen”.
El consejero detalló que “el Parlamento jugará luego su papel; el Gobierno respetará ese papel y realizará un pronunciamiento sobre esa iniciativa”, que espera que esté “en consonancia con la defensa de los toros en Andalucía”.
“No vamos a descalificar los argumentos y las razones de los antitaurinos pero sí tenemos que poner sobre la mesa razones objetivas que sirven para defender la fiesta”.
Pizarro recalcó: “Existe un amplio consenso de todos los grupos políticos. Esperemos que nadie use este debate para sacar ninguna ventaja política, por muy legítima que sea”.
En esa línea, el consejero se refirió a la propuesta del grupo parlamentario popular para hacer una declaración institucional en defensa de la fiesta: “Haríamos un flaco favor a este debate si cada uno de los grupos políticos tomara la iniciativa por su cuenta”.
“Sacar una respuesta unánime en un Parlamento no es una tarea fácil. Espero que tengan sentido de la responsabilidad y no tomen ningún tipo de iniciativa sin consensuarla. No tendría sentido sin contar con el resto de las fuerzas políticas”, apostilló.
Pizarro reconoció que existe preocupación en torno a la feria, y que el objetivo es “encontrar un diagnóstico y realizar un análisis para encontrar las claves de colaboración de la Junta de Andalucía con el mundo del toro”.
El consejero recordó que se había introducido “un elemento que no estaba en el debate”, en alusión a que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular, presentada por la Asociación Protectora de Animales y Plantas (CIMA), para prohibir las corridas de toros y cualquier espectáculo en el que sufra o sea muerto este animal en Andalucía.
Por su parte, el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia y de la Mesa del Toro, el ganadero Carlos Núñez, señaló: “La actividad taurina es lícita y está protegida por la Constitución. Sólo pedimos respeto al que no le guste. Ese respeto es fundamental y dentro de ese respeto entra la libertad de ejercer nuestra actividad. No queremos convencer a nadie”.
En la reunión estuvieron presentes el presidente de la mesa del Toro y de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Carlos Núñez, y varios matadores de toros, entre ellos Curro Romero, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’, Eduardo Dávila Miura, Francisco Ruiz Miguel y Fernando Cepeda además del ganadero Gonzalo Domecq, el empresario Ramón Valencia y el banderillero Rafael Cuesta, entre otros.
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