Ambas centrales sindicales enviaron ayer un documento conjunto a la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, con una posición común sobre los recortes anunciados por el Ministerio de la Vivienda en las políticas de vivienda protegida (VPO).
En el documento, los sindicatos expresan su rechazo a la totalidad de las medidas de ajuste mediante el borrador del Real Decreto por el que se modifica el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Ese “decreto de recorte” -entregado por la consejera el pasado jueves en una reunión con los agentes sociales- supone una “modificación importante” del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y con el que el Gobierno central “quiere recortar subvenciones y eliminar ayudas a los destinatarios de viviendas protegidas”.
La propuesta del Ministerio prevé, según los sindicatos, recortes de ayudas y subvenciones que superan el 60% y la eliminación de líneas de apoyo a las familias con menores niveles de renta.
Los sindicatos han pedido a la Junta que exija al Ministerio que respete “el derecho de Andalucía a recibir los 1.440 millones contemplados en el convenio de colaboración entre el Ministerio y la comunidad autónoma, publicado en el BOE el 29 de junio de 2009”.
Asimismo, UGT y CCOO han solicitado una reunión de la mesa de seguimiento del plan concertado de vivienda y suelo de Andalucía para analizar el plan de cumplimiento y ante la “preocupación” sindical por la financiación de dicho plan, que fue garantizado con más de 9.500 millones gracias al acuerdo firmado en noviembre de 2008 con 33 bancos y cajas de ahorro, han recordado en la nota.
Además, los sindicatos han alegado que el Estatuto reconoce las competencias plenas en materia de política de vivienda a la Junta, por lo que “no es entendible que el Ministerio pretenda implantar una dotación presupuestaria finalista”, ya que es la comunidad la que debe decidir sus prioridades.
También han aducido que la Ley de vivienda y el plan andaluz “obligan a la comunidad a continuar avanzando en la ejecución del derecho social a una vivienda digna”.
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