La Guardia Civil tiene constancia de que la "presión intensa" ejercida en los cinco años del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar ha llevado a los líderes de las principales redes de narcotráfico que operan en el sur de España a dispersar los alijos de droga, principalmente hachís, a zonas de la costa del Levante, incluyendo cada vez "con bastante más frecuencia" Cataluña e incluso Portugal.
El plan fue lanzado a mediados de 2018 tras meses en los que se llegó a poner en duda la pérdida del principio de autoridad. "En estos cinco años se ha mandado el mensaje de que se ponen medios para restablecer el principio de autoridad", ha señalado en una entrevista con Europa Press Ernesto Segura, comandante de la Guardia Civil en el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), que matiza que no hubo pérdida, pero sí "deterioro del principio de autoridad".
Este responsable policial reconoce que los cabecillas "llevan tiempo con un perfil más bajo", sin hacer tanta ostentación como ocurrió con uno de los 'Castaña', que participó en un videoclip cuando estaba fugado, o con la liberación de uno de los integrantes de este clan --que se ha sentado este año en el blanquillo en un macrojuicio-- al ser rescatado cuando estaba bajo custodia policial en un hospital de La Línea de la Concepción.
En 2018 también falleció en Algeciras un menor tras el impacto de dos lanchas y durante semanas se multiplicaron los enfrentamientos de 'narcos' con policías para tratar de mantener su mercancía, así como los vídeos en redes sociales de alijos en playas a plena luz del día.
Ahora actúan con más "sofisticación" tanto para sus comunicaciones encriptadas mediante herramientas como Encrochat, como para el blanqueo, en muchas casos de forma similar en el caso del hachís al de las bandas que trafican con cocaína, es decir, recurriendo a empresas pantallas o criptomonedas y no al clásico escondite en doble fondo del dinero en metálico o a la inversión en vivienda y otras propiedades como coches.
Otro aspecto cada vez más frecuente es que los 'narcos del sur' entablan alianzas entre bandas de narcotraficante para el traslado de hachís desde Marruecos, para lo que "subcontratan servicios" a otras organizaciones que tiene bajo su control y poder alijar en zonas alejadas del Estrecho de Gibraltar y que, a priori, consideran "menos presionadas" desde el punto de vista policial.
En este sentido, el responsable policial alerta de dos cuestiones: cada vez se decomisan más armas de fuego que usan para protegerse de posibles 'vuelcos' --robos entre bandas-- y también de la creciente preocupación por el acopio sin medidas de seguridad de grandes cantidades de gasolina para luego realizar los portes en narcolanchas en recorridos que implican un desplazamiento más extenso, con más tiempo en el agua.
Al igual que la Fiscalía en su memoria anual, el comandante Segura apunta al "peligro" que supone para otros ciudadanos que se almacene gasolina sin control en naves y garajes de edificios. Se ha detectado que los 'narcos' realizan robos en gasolineras de bajo precio o en zonas poco habitadas y que incluso han llegado a 'comprar' a trabajadores para asegurarse este suministro vital para poner en marcha los traslados por mar de la droga.
En este sentido, aboga por reflexionar sobre la necesidad de llevar a cabo cambios legislativos para que esta práctica, en el caso de estar ligada al narcotráfico, se enfrente a un reproche penal y no sólo una sanción administrativa. "Sería importante, como ocurrió en su día con el decreto sobre narcolanchas", apunta en relación con la norma aprobada en 2018 y que persiguió el uso de estas embarcaciones como "género prohibido".
El comandante Segura repasa la evolución del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar desde la "zona cero" de los municipios gaditanos de Algeciras, La Línea de la Concepción, Tarifa, San Roque o Los Barrios hasta las actuales seis provincias andaluzas sobre las que se aplica, lo que arrojó sólo en 2022 un resultado de 5.827 detenciones y 273 toneladas de droga incautada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el 80% fue hachís, el 11% marihuana y en torno al 8% cocaína.
Informes del Ministerio del Interior consultados por Europa Press también reflejan la "expansión territorial" de los 'narcos del sur' --otro punto caliente es el río Guadalquivir-- como respuesta al despligue policial en el Estrecho de Gibraltar, donde en 2022 se llevaron a cabo 858 operaciones que dejaron 721 detenciones por delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando.
El número de operaciones se elevan a más de 4.600 incluyendo las seis provincias que abarcan actualmente el plan de seguridad, de las que en torno al 10% se han centrado en las redes de blanqueo de capitales y otros delitos conexos, algo que el comandante de la Guardia Civil destaca como clave ya que la desarticulación patrimonial es lo que realmente daña a estas estructurales criminales.
El responsable policial reconoce que los narcos del Campo Gibraltar, entre los que figuran apodos mediáticos como 'los Castaña', 'Messi del hachís', 'El Pantoja' o 'el Tomate', consiguen reponerse para operar "pese a las dificultades crecientes por los sucesivos golpes policiales".
De forma preventiva, ahora recurren con más frecuencia a drones y radares marinos que colocan en pisos franco para detectar el patrullaje policial de las embarcaciones del servicio marítimo. Su capacidad de adaptación es notable porque disponen de recursos económicos, como muestra que las narcolanchas pueden ser de un solo motor y ocho metros de eslora hasta otras de cuatro motores, 14 metros de eslora y capacidad para cargar 4.000 kilos a una velocidad de unos 110 kilómetros por hora.
Al frente de estas organizaciones se encuentran 'capos' de unos 30 y 40 años, que se rodean en la cúpula de familiares o gente muy cercana, con fuerte arraigo en la zona del Estrecho y también con contactos en Marruecos, un país que es uno de los mayores productores mundiales de hachís.
El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska destaca que ha invertido casi once millones de euros en recursos materiales y tecnológicos, y que las plantillas de Guardia Civil y Policía en las seis provincias donde se aplica el plan 'antidroga' han crecido un 6,7%, hasta superar los 24.500 efectivos.
Sindicatos policiales, por su parte, reclaman desde años la declaración de Zona Especial Singularidad (ZES), lo que implicaría incentivos sociolaborales y dar más estabilidad a las plantillas.
"Nuestro reto es seguir complicándoles la vida aunque esto no es solo un problema policial", comenta sobre las principales redes de narcotraficante el comandante al frente del CRAIN, un centro de inteligencia que ejerce de 'cerebro' al integrar a agentes del Servicio de Información, Asuntos Internos --para detectar posibles casos de corrupción--, expertos en delitos económicos y de Policía Judicial o del GAR, el grupo de elite para la ejecución de operaciones de alto riesgo que fue usado en el pasado en la lucha contra ETA.
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