La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este lunes y el martes un juicio, contra un empresario de Jerez de la Frontera (Cádiz) por cobrar 225.000 euros en concepto de "ayuda sociolaboral", gracias al mecanismo de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones directas y arbitrarias, una ayuda concedida "de manera arbitraria y fraudulenta".
Según el escrito de acusación del PP-andaluz, personado en la causa como acusación popular, el acusado es Salvador M.B., como responsable de la empresa Plantaciones Agrícolas Plantasur, con sede en Jerez de la Frontera y dedicada a la actividad agrícola, forestal, ganadera, pesquera, industrial, de construcción, de transporte, de intermediación, de profesionales y de "servicios en general".
El escrito del PP andaluz, recogido por Europa Press, detalla que el 23 de diciembre de 2009, este empresario solicitó a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía "una ayuda excepcional" por importe de 450.000 euros para "solventar problemas de liquidez", dada la "falta de crédito por parte de las entidades financieras y la falta de liquidez a corto plazo de los clientes".
A continuación, según el escrito de acusación, "prescindiendo de todo procedimiento legal, el 8 de febrero de 2010", Juan Márquez como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía le concedió "una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros" con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que eran financiados los ERE fraudulentos.
"A pesar de no reunir los requisitos legales para ello", según el PP, al empresario le fue abonado "el 75 por ciento de la ayuda", o sea 225.000 euros, de manera "arbitraria y fraudulenta"; con el "visto bueno del (entonces) viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, siguiendo las indicaciones del consejero de Empleo, Antonio Fernández".
Juan Márquez, Agustín Barberá y Antonio Fernández fueron ya condenados a cárcel por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por su papel en el mencionado mecanismo "específico" de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias, cumpliendo ya condena Agustín Barberá y Antonio Fernández, mientras en el caso de Márquez su pena de prisión está suspendida provisionalmente.
Para el PP, los hechos relativos a esta ayuda constituyen un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, reclamando para el empresario acusado cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta.
El pasado 28 de septiembre, recordémoslo, la Audiencia de Sevilla condenaba a dos años de prisión y a cuatro años de inhabilitación absoluta a un empresario de Huelva, por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, derivados de 75.000 euros obtenidos por este hombre fruto del mecanismo mediante el cual la Junta de Andalucía financiaba los ERE fraudulentos o incluso innecesarios y ayudas arbitrarias y sin publicidad.
Se trataba de Antonio C.L., responsable de la empresa Plantas y Flores Castejón, quien había reconocido los hechos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción, siendo así resuelto el asunto mediante conformidad entre las partes.
Y es que la mayoría de las piezas separadas de esta macrocausa en las que figura un único acusado, empresarios beneficiarios de las ayudas, están siendo resueltas mediante acuerdos de conformidad entre las partes.
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