El Ayuntamiento de Sevilla ha "activado" una "asistencia técnica especializada" para finalizar la redacción definitiva de los planes especiales de protección de los sectores urbanos correspondientes a la Catedral y el Real Alcázar como estaba comprometido desde el año 2013 con la Unesco, año en el que debía estar redactados. Diez años después se hará y en colaboración con la Consejería de Turismo y Cultura, lo que ha suscitado las reticencias de Vox, que no confía en Arturo Bernal.
Durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes por el Ayuntamiento hispalense, el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja ha rememorado que en diciembre de 2021, el pleno aprobaba dos mociones de su formación y del entonces grupo de Adelante, a instancias de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), en demanda de revisar la documentación de los planes especiales de protección de los sectores urbanos correspondientes a la Catedral y el Real Alcázar, de cara a su autorización provisional "en un plazo máximo de 15 meses".
La moción derivaba de la recomendación de la Unesco, tras la polémica por la construcción de la Torre Pelli-Sevilla, que reclamaba una serie de medidas para "evitar desarrollos similares en el futuro" en la ciudad y mitigar los efectos visuales de la torre sobre el paisaje histórico, lo que incluía estos planes especiales, que siguen sin estar convalidados.
Ahora, casi dos años después, García de Polavieja ha pedido conocer la situación actual del asunto, recordando que el Ayuntamiento debe "cumplir los acuerdos" de 2012 con la Unesco y "homologar la protección patrimonial" de los planes especiales.
El concejal de Urbanismo, el popular Juan de la Rosa, ha respondido que para el actual Gobierno local del PP es "fundamental y prioritario" resolver este asunto, explicando que el Ayuntamiento ha "activado una asistencia técnica para un apoyo especializado en la redacción de estos instrumentos", en alusión a los documentos definitivos de los planes especiales de protección de los entornos urbanos de la Catedral y el Real Alcázar.
Se trata, según ha dicho, de "una tarea que se abordará de la mano de la Consejería de Cultura, como administración competente para la aprobación" final de tales planes, idea ante la cual el edil de Vox ha mostrado su reticencia al modo en el que la consejería de Arturo Bernal trata los asuntos de Sevilla.
La declaración de Patrimonio y el rascacielos
La Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla, principales monumentos de la ciudad y buques insignia del turismo sevillano, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987.
Su destino como Patrimonio Mundial estuvo hace años marcado por la torre de 178 metros de altura que promovía la entonces Cajasol-Banca Cívica, ya fagocitada por CaixaBank, en el sector sur de la Cartuja, una localización que dista aproximadamente 1.600 metros del enclave del casco histórico de Sevilla donde se alzan los citados monumentos.
Porque la propuesta de resolución elevada a debate en 2012 en la XXXVI sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco consideraba que el proyecto de la torre suponía un "impacto visual altamente adverso" sobre la localización de estos monumentos y su relación con el río Guadalquivir y el resto de monumentos de la ciudad.
La propuesta en cuestión, sustentada en las recomendaciones del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés), abogaba por incluir a estos monumentos en la lista del Patrimonio Mundial en peligro y reclamar a España, como estado miembro de la Unesco, la "suspensión inmediata de todo trabajo" en la torre, diseñada por el arquitecto César Pelli.
Esta propuesta, no obstante, no prosperó y la resolución definitiva de la Unesco daba cuenta del "impacto visual altamente negativo" del proyecto, pero sólo reclamaba una serie de medidas para "evitar desarrollos similares en el futuro" en la ciudad hispalense y mitigar los efectos visuales de la torre sobre el paisaje histórico.
Ya en junio de 2013, en el marco de la XXXVII sesión del Comité de Patrimonio Mundial, la Unesco daba cuenta de los "progresos" alcanzados en la "finalización y aprobación de planes especiales de protección para los sectores del Conjunto Histórico" con la previsión de conclusión de los mismos "en 2013", así como la previsible "cobertura completa" de la zona de 'amortiguamiento' de los monumentos con dichos planes especiales y el empeño de las autoridades locales por "establecer adecuadas medidas de control" de cara a las nuevas construcciones, según el acuerdo aprobado entonces, recogido por Europa Press.
Transcurridos años desde aquel posicionamiento de 2013, Adepa alertaba a finales de 2021 de que varios de los citados planes especiales de protección seguían sin estar convalidados, como es el caso de los correspondientes a los sectores urbanos de la Catedral y el Alcázar.
Dado el caso, las mociones de Adelante y Vox aprobadas en el pleno de diciembre de 2021 a instancias de Adepa apostaban por revisar el trabajo elaborado para los planes especiales de la Catedral y el Alcázar de cara a su aprobación provisional en un plazo máximo de 15 meses; la homologación de todos los sectores que cuentan con plan especial de protección a la sentencia que anula 12 artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico "en un plazo igual" de tiempo y "la revisión de los compromisos con la Unesco para la zona de respeto y la de amortiguamiento".
En aquel debate plenario, eso sí, el entonces Gobierno local del PSOE defendía que los monumentos de Sevilla declarados Patrimonio Mundial "no sufren peligro alguno y están suficientemente protegidos", asegurando que la Unesco "no ha hecho ningún movimiento que implique algún peligro para su catalogación".
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