El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, y la concejala de la formación Marta Vidal han presentado hoy a las puertas del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF) de San Fernando la moción que los andalucistas llevarán al próximo Pleno ordinario para abordar la preocupante situación que afecta a los trabajadores de vigilancia de estas instalaciones, que llevan seis meses sin cobrar sus nóminas ante el embargo que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha ejecutado a la empresa adjudicataria de este servicio. Esta situación afecta en la ciudad a siete personas: dos auxiliares y cinco trabajadores de seguridad, siendo estos últimos los que afrontan una realidad más complicada. Además, esta circunstancia se produce también en otros tres centros del país.
Romero y Vidal han presentado esta moción en compañía de los trabajadores afectados, de compañeros y compañeras de otros servicios del centro y de un grupo de usuarios y usuarias del mismo. De esta manera, por parte de los afectados ha intervenido el vigilante Carlos Oses y por parte de los usuarios Natalia Gasco y Ángel Cano.
“Estas personas nos cuentan que esta coyuntura es del todo insostenible y que afecta de manera directa a sus familias. De hecho, hay hogares en los que no entra un solo céntimo de euro desde el pasado mes de mayo y que sobreviven gracias al apoyo de familiares y amigos. Hay trabajadores que no han podido comprar material escolar nuevo a sus hijos al inicio del nuevo curso, otros que no saben cómo van a abonar recibos de la luz impagados que ya han derivado en avisos de corte de suministro y otros que se las ven y se las desean para llevar comida a la mesa ante la imparable subida que experimenta la cesta de la compra”, indica Romero.
Y ante este desalentador panorama, detalla Vidal, estos profesionales de la seguridad siguen desempeñando su imprescindible labor en el CRMF, instalaciones que dependen del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y lo hacen por dos razones principalmente. La primera de ellas porque aunque no perciban sus nóminas siguen dados de alta en la Seguridad Social y, por tanto, cotizando y sin poder acceder a ninguna prestación por desempleo. Y la segunda es que estos trabajadores ejercen sus tareas desde la vocación de ayuda y no quieren dejar desatendidos a los usuarios y usuarias del CRMF, que forman parte de un colectivo vulnerable.
La concejala explica que el propio Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz ha solicitado a la Agencia Tributaria el levantamiento de este embargo ante la precaria situación de los cinco trabajadores del centro isleño. Además, hay un auto del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla del pasado mes de julio en el que se ordenó suspender los procedimientos de ejecución seguidos por los acreedores públicos frente a la empresa adjudicataria al abrirse un proceso de negociación. Por otro lado, existe un acuerdo entre el CRMF y esta empresa para ceder el derecho de créditos, por lo que los trabajadores podrían cobrar directamente sus salarios tras el levantamiento del embargo. Según nos informan los afectados parece ser que la Agencia Tributaria ya habría paralizado los embargos a la empresa, pero aún no se le ha notificado a la misma y hasta que eso ocurra no se puede proceder al pago de las nóminas pendientes.
“También nos cuentan los afectados que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se encuentra tramitando la licitación urgente para el servicio de vigilancia de estas instalaciones por un plazo de seis meses. Pero parece ser que ni siquiera se ha invitado a alguna empresa a participar en esta licitación. Sin duda se cierne un futuro incierto sobre estos profesionales debido a una administración que desatiende su deber de fiscalizar el cumplimiento de los contratos. Y para muestra un botón: los vigilantes llevan en torno a un año y medio sin recibir curso de formación alguno. Cero reciclaje laboral”, señala la andalucista.
Más allá del impago de nóminas y de esta complicada situación, apunta AxSí, merece mención aparte la situación que ha experimentado el CRMF de San Fernando durante los últimos años. Lejos quedan ya los años en los que este centro era una referencia para todo el país. De los 68 usuarios y usuarias a los que antes se les daba atención ahora sólo hay 19, ya que al aparecer grietas en un edificio se decidió dejarlo sin uso en lugar de reparar los desperfectos. Además, los usuarios en la actualidad sólo reciben un par de cursos.
“Por otra parte, nos llama poderosamente la atención que el gobierno local de Cabada y López Gil, del mismo color político que el estatal, no medie con los suyos y con sus socios en Madrid, al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que se solucionen estos problemas en el menor tiempo posible. Hablamos de personas y familias, con nombres, apellidos. Necesitan soluciones, seguridad y certidumbre. Y la necesitan ya”, concluye Romero.
De esta forma, a través de esta moción AxSí instará, en primer lugar, a la Agencia Tributaria del a que levante el embargo ejecutado sobre la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia del CRMF de San Fernando y notifique dicho levantamiento para que se pueda proceder al pago de las nóminas pendientes de los trabajadores de seguridad de estas instalaciones. También se instará al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a que licite de forma urgente un nuevo contrato para el servicio de vigilancia del CRMF que aporte estabilidad salarial y certidumbre a los trabajadores y a que fiscalice el desarrollo del mismo y a que adopte las medidas oportunas para que el CRMF de San Fernando vuelva a ser un centro de referencia y recupere su actividad y nivel de ocupación. Por último, se instará a la Alcaldía de San Fernando a que intermedie eficazmente con los Ministerios de Hacienda y Función Pública y Derechos Sociales y Agenda 2030 a efectos de dar una pronta solución a los problemas de estos trabajadores.
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