Según el escrito de calificación fiscal al que tuvo acceso Europa Press, la investigación se inició en noviembre de 2008 por un Juzgado de Sanlúcar a instancia de Vigilancia Aduanera, por lo que se autorizó la intervención de los teléfonos móviles.
Así, comprobaron que la organización contactó con diferentes proveedores de la droga en Marruecos, que proporcionaban el hachís para su transporte, almacenaje y entrega a terceros compradores.
Como consecuencia de la operación, se aprehendió más de dos toneladas de hachís, así como la detención de numerosas personas, de las que nueve se sentarán como acusados de un delito contra la salud pública, para los que la Fiscalía pide penas de más de seis años de prisión para tres de ellos y cuatro años y medio y tres años y medio para el resto.
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