Andalucía

Familias con personas sordas recurren ante la Audiencia Nacional las ayudas de Educación

La convocatoria de ayudas al estudio del Ministerio de Educación por "discriminar" al alumnado con discapacidad

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  • Audiencia Nacional. -

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad han recurrido ante la Audiencia Nacional la convocatoria de ayudas al estudio del Ministerio de Educación por "discriminar" al alumnado con discapacidad.

Desde el curso 2020-2021, la convocatoria exige al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad estar en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33 %, eliminando la posibilidad, antes existente, de acreditar estas necesidades mediante otras vías acreditativas y certificadas por profesionales del ámbito educativo, explican ambas entidades.

Como consecuencia de este cambio, quedan excluidos "un gran número de alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad, siendo uno de los grupos más afectados el alumnado con sordera".

Hasta 2020, estos estudiantes podían acreditar esta condición con un certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la administración educativa. Además de poder hacerlo presentando un certificado acreditativo del grado de discapacidad a partir del 33 %, si estaba en posesión del mismo.

Desde el curso 2020-2021, solo puede acceder a la convocatoria de ayudas quien tenga un certificado de un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, "porcentaje resultante de la aplicación de un baremo ajeno al ámbito educativo, que no evalúa las necesidades educativas ni de aprendizaje".

Esta situación "excluye a un gran número de alumnos y alumnas con NEE derivadas de una discapacidad, dado que en la definición de los criterios de acceso a las ayudas se emplea el término 'discapacidad' como una mera categoría resultante de la aplicación de un baremo, alejándose de la más veraz conceptualización de la discapacidad como una situación personal de la que derivan determinadas necesidades educativas".

En concreto, parte del alumnado con sordera -especialmente, usuarios de audífonos con sorderas bilaterales moderadas y con sorderas unilaterales severoprofundas- se ha visto "gravemente perjudicado por esta interpretación introducida inopinadamente por el Ministerio de Educación". 

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