He visto muchas cosas a lo largo de los años pasados en lo que se refiere a la situación política, social y económica de mi país y más concretamente de mi tierra, Andalucía, y les confieso que poco espacio para el asombro, que no para el sonrojo, pensaba que me quedaba. Pero una vez más me equivocaba.
Yo pensaba que lo sucedido en Cataluña por los que enarbolaban la bandera del ‘procés’ era lo más parecido a un golpe de Estado y un ataque frontal a la democracia en España. Pero estaba tranquilo porque, afortunadamente, hasta ahora las personas de bien encontraban asilo y amparo en nuestra Constitución del 78, marco de normas que por aquel entonces fue punto de encuentro para todas las fuerzas políticas que hasta esa fecha habían vivido en guerra permanente.
Yo vi con mis ojos, al igual que todos los seres racionales que aún quedan, cómo se desafió a todo un país y se sometió a gran parte de la ciudadanía a jornadas, días y semanas de batalla campal en las calles de muchas ciudades de Cataluña. También cómo se violaban los derechos fundamentales de las personas y se atacaban instituciones o se golpeaban a hombres y mujeres que defendían el Estado de derecho sin piedad.
Todos conocimos lo que además hicieron con el erario, aunque algunos miembros del actual gobierno en funciones de España siguen pensando que el dinero público no es de nadie. Quizás en base a esta idea puede que ahora su actual presidente se atreva a decirnos a todos los españoles que semejante forma de violar la Constitución fue “una crisis política que nunca tuvo que derivar en la justicia”.
¿Fue el 23F una “crisis política” para Sánchez? Siguiendo las tragaderas de los independentistas, así podría calificarse. Solo que por aquel entonces no se pensaba ni por asomo en pedir amnistía para los responsables.
Ya dijo Sánchez estando en la oposición que "la mejor forma de defender la Constitución” era “poner freno a cualquier quiebra unilateral”. Lo hizo al mismo tiempo que apoyaba el 155. Seis años más tarde, desde su escaño de presidente, intenta hacer ver que ni Felipe, Guerra, Redondo, Page y los miles de socialistas indignados en este país tienen argumentos ni razones para despojarle de su sillón y de un nuevo mandato en un Gobierno “estable” -perdonen que me ría- con Otegi, Puigdemont, Junqueras y resto de aliados.
Al que diga lo contrario, se le expulsa y listo. “Muerto el perro se acabó la rabia”, como dice el refranero español y el manual del que manda en el PSOE. Ni la amnistía será suficiente. Ya lo dijo Albert Rivera en 2019: “Sánchez tiene un plan”. Y ese plan tiene unos fines que avergüenzan a los demócratas de este país, algunos que incluso perdieron a sus seres queridos en la lucha por la democracia
El fugado de Waterloo también lo ha advertido: “Esto no es suficiente”. Y hasta el propio Junqueras, que este sí al menos se ha comido un tiempo entre rejas, desvela para tener su espacio mediático que ya este verano acordaron con el PSOE que la amnistía sería un hecho. Mientras tanto, Sánchez enmudece.
“No dejen humillar la Constitución”, “no se dejen chantajear por nadie”, “esto es una humillación deliberada de la transición” o “los acuerdos con Junts carecen de base moral”. Que estas afirmaciones provengan de González, Guerra, Page y tantos otros dirigentes y exdirigentes socialistas es para que la historia las guarde en un lugar no muy escondido, porque pronto veremos cómo el precio del poder será precisamente eso: humillar y despreciar a todo un país como el nuestro, que ya muchos ni reconocemos y que carece de moralidad.
* Juan Marín es exvicepresidente de la Junta y actual presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía
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