El principal acusado en el 'caso Ballena Blanca', contra la presunta trama de blanqueo de capitales a través de un bufete de abogados de Marbella (Málaga), el letrado Fernando del Valle, que compareció ayer ante el juez de Instrucción número 5 de la localidad marbellí, Óscar Pérez, para notificarle la apertura de juicio oral, así como el escrito de acusación del fiscal, resaltó que "después de tres años y medio de investigación, éste se ve en la necesidad de reducir los 250 millones de euros de blanqueo de capitales a 12 millones".
En este sentido, el abogado indicó a los periodistas, a su salida de los juzgados, que "yo tengo mis conclusiones y es que los informes de la Policía dijeron que había una bolsa de blanqueo colosal y resulta que ahora el fiscal tiene que reducir su acusación".
Asimismo, se preguntó "por qué se hizo este montaje gigantesco para llegar a estas conclusiones y mientras tanto se ha hecho un gran daño a las familias y las empresas".
Del Valle indicó que "aún y todo será el juez el que tenga que decidir, pero yo sé que de todo el material que existe aquí, no hay realmente pruebas que demuestren que los fondos que han importado mis clientes provengan de actividades de blanqueo de capitales".
Según señaló el abogado, "nosotros no podíamos necesariamente tener conocimiento de ciertas actividades delictivas que, al parecer, fueron responsabilidad de clientes de nuestro despacho".
Por otro lado, indicó que el registro de su despacho profesional "fue un operativo descomunal sin precedente previo con una publicidad tremenda y sobre todo me llamó la atención que lo calificasen como el golpe más importante a las redes de narcotráfico y blanqueo de capitales de toda la historia de España y Europa".
Finalmente, Del Valle destacó que todo esto ha significado "ruina familiar, económica y profesional". "He pasado de tener un despacho grande a ser un pequeñito despacho familiar", apostilló.
Según explicaron fuentes judiciales, el motivo de la citación de tanto de Del Valle como de parte de los acusados era notificarles personalmente el auto de apertura de juicio oral, aunque se haya hecho ya a través de sus abogados, así como el escrito de acusación del fiscal, en el que se solicita en total 65 años de prisión para los procesados, y requerirles para las responsabilidades pecuniarias.
De esta forma, el juez citó ayer a 10 personas, además de a Del Valle, al que se le acusa de 13 delitos contra la Hacienda Pública, uno de falsedad documental, otro de blanqueo de capitales, otro de falso testimonio y un delito contra la Administración de Justicia. Para mañana, ha citado a los restantes acusados.
Apertura de juicio oral
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, se acuerda la apertura de juicio oral contra 21 personas, se considera la Audiencia Provincial como órgano competente para el enjuiciamiento y, además, se estima mantener la misma situación personal de los acusados.
En este sentido, se requiere a 18 de los acusados a que presten en total algo más de 51 millones de euros de fianza de responsabilidad civil. En el caso de Del Valle, según la resolución del juez, se le requiere 12 millones por el delito de blanqueo y 1,8 por los delitos contra la Hacienda Pública.
Además, se acuerda enviar comisiones rogatorias a los Países Bajos, Suecia y a las autoridades francesas para que informen de los antecedentes penales de tres de los acusados y remitir varios exhortos a juzgados malagueños sobre otros procedimientos para incorporar documentos a esta causa.
La Fiscalía Anticorrupción acusó en su escrito provisional a 21 personas, seis de ellas españolas, y la mayoría clientes del bufete de abogados de Del Valle, aunque también hay procesados que son empleados de dicho despacho y dos notarios. En total, se acusa por 41 delitos de blanqueo de capitales, 13 de ellos de carácter continuado; tres delitos contra la Hacienda Pública, 141 de falsedad documental, también continuados, y dos de falso testimonio.
Según el fiscal, la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo que corresponden a Del Valle asciende a la suma conjunta de 12 millones de euros y señala que el letrado había creado una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio y había diseñado un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.
El ministerio público concluye que el despacho de Del Valle se especializó en los últimos años en dar a sus clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España. Además, el letrado "va a ofrecerles la posibilidad de un servicio integral llevando él personalmente o a través de personas de su confianza la gestión del patrimonio".
La investigación puso de manifiesto, según las conclusiones provisionales, "la existencia de un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos" y que están relacionados, presuntamente, "con grupos criminales organizados o que han cometido delitos graves".
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