De esta forma, el magistrado de la Audiencia Nacional ha hecho caso omiso a la Fiscalía y a la asociación Dignidad y Justicia –que denunció los hechos–, que solicitaron la prohibición de la marcha al entender que es una convocatoria encubierta para homenajear a ETA y su entorno.
En su auto, Andreu sostiene, sin embargo, que los informes policiales recabados se limitan a reseñar los antecedentes de los convocantes y sus "pasadas adscripciones" a organizaciones ilegalizadas, unos datos de los que, según el juez, "no puede inferirse la existencia de ilícito penal", pues en ningún momento se hace referencia a que en el acto se vayan a realizar actos de enaltecimiento a ETA y su entorno.
"Con la sola aportación de esos datos, no es posible la limitación de derechos que se pretende, so pena de incurrir en la aplicación de lo que se ha dado por denominar 'derecho penal de autor'", subraya.
Además, el magistrado, que se encuentra de guardia esta semana, recuerda que el promotor de la convocatoria realizó "la oportuna comunicación" al departamento de Interior del Gobierno Vasco, que, "después de examinar las circunstancias concurrentes y estimar que la manifestación anunciada se encuentra dentro de los límites constitucionales, ha decidido no prohibir la misma".
Para Andreu, es a la autoridad gubernativa a quien corresponde "velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de manifestación, pues es a ella a quien está encomendado el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de la comisión de actos delictivos, siendo el Poder Judicial el encargado de su persecución y castigo".
A su juicio, resulta "evidente" que si el departamento de Interior del Gobierno Vasco hubiera apreciado la existencia de indicios delictivos, "no sólo no hubiera permitido la celebración" de la marcha, sino que, "como es su obligación", habría puesto dicha circunstancia en conocimiento de la autoridad judicial, competente para perseguir y castigar delitos pero no para su prevención.
Por ello, Andreu ordena al departamento de Interior que realice "el pertinente control y seguimiento" de la manifestación para evitar que durante su transcurso se produzcan "actuaciones que pudieran enmarcarse en el enaltecimiento o apoyo a personas o grupos terroristas o asociaciones declaradas ilegales" o se utilicen pancartas, lemas o eslóganes que hagan alusión a esos grupos.
Las Fuerzas de Seguridad deberán evitar que se produzca esa circunstancia, aunque de ser así, el juez ordena que identifiquen a los autores y, en su caso, que se los detenga para instruir las diligencias correspondientes.
Por su parte, la Fiscalía pidió el jueves la prohibición de la manifestación, cuyo lema es "Por los derechos de Euskal Herria" y está prevista para este sábado a las 17.30 horas, ya que varios de los convocantes que han sido candidatos en diversos procesos electorales por los partidos ilegalizados HB, EH, PCTV y ANV.
Además, recordaba que durante los últimos años los actos realizados en la capital donostiarra con motivo del comienzo de sus fiestas patronales fueron convocadas por Batasuna hasta 2006 y, desde entonces, por un grupo de "ciudadanos particulares" en nombre de la izquierda abertzale, "en la que dirigentes de los partidos ilegalizados tenían un papel protagonista".
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