La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, insistió en varias ocasiones ayer tras la reunión del último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones veraniegas, que la reprogramación de estas 33 actuaciones no conllevará ni rescisión de contratos, ni paralización de obra pública ni afectará al empleo, puesto que los retrasos afectarán a obras “incipientemente ejecutadas” y permitirá “hacer otras intervenciones necesarias”.
Aguilar defendió el uso del término reprogramación en lugar de retraso porque el primero no induce a “equívoco” puesto que hay “certeza” en que se van a culminar, reiterando en varias ocasiones que la media de puesta en marcha de las obras será de 6,7 meses, la mayoría a principios de 2011, aunque algunas se retrasarán hasta 10,23 meses, como es el caso del acceso norte a Sevilla.
Según explicó, el criterio elegir las obras afectadas ha sido su nivel de ejecución, de forma que se pretende ahorrar 316 millones al reprogramar obras iniciadas y 533 millones en aquellas pendientes de ejecución, un ahorro para el déficit público total de 849 millones, mientras que se mantendrá el ritmo en el resto, por un importe de 1.610 millones.
Añadía Aguilar que la reprogramación contempla que las actuaciones ferroviarias mantengan el ritmo en un 79,31%, porcentaje que disminuye al 70,94% en el caso de las obras de carreteras, las más afectadas por los retrasos, hasta alcanzar el 15,77% de las presupuestadas para 2010.
Las obras iniciadas reprogramadas que serán ralentizadas son un total de 15 y otras 18 no iniciadas comenzarán a finales de año o principios de 2011.
La media de retraso de obras reprogramadas será de 6 ó 7 meses en infraestructuras viarias y de 6 meses en ferrocarriles, lo que no repercutirá en los 19.000 empleos directos e indirectos que genera, según Aguilar.
Respecto al ferrocarril, la medida se centrará en tres tramos de tranvías (Dos Hermanas, El Aljarafe y Alcalá de Guadaíra) ya iniciadas y otras pendientes de su comienzo como el segundo tramo Dos Hermanas (Sevilla).
En materia de actuaciones en carreteras, destacan por su volumen de inversión la reprogramación del Acceso Norte de Sevilla; la Coín-Casapalma; en la A-4076, el acondicionamiento de la N-323 a Colomera; la Santa Cruz del Comercio-Variante de Alhama o el desdoble de la A-1200 Vera-Garrucha.
Según apuntaba, la reprogramación ha sido consensuada con las empresas y afirmaba que la colaboración público-privada -cuyas primeras licitaciones se aprobarán en septiembre próximo- ha sido la que ha permitido “oxigenar el presupuesto”, siempre con las premisas de ser la comunidad autónoma más inversora y la que menos endeudada está.
Aguilar, que negó que la Junta haya negociado en ningún momento esta reprogramación con los secretarios provinciales del PSOE, admitió que tendrán que negociar con el Ministerio de Fomento cómo afectará la reducción de las inversiones en la ejecución del eje ferroviario transversal y en la llegada al AVE a todas las capitales de provincia en 2013.
Además, la consejera reiteró en varias ocasiones que la Junta sí que mantiene “el objetivo político” en aquellas actuaciones que le corresponden a la Administración andaluza, dejando en manos del Estado el hablar de posibles retrasos en las actuaciones ministeriales.
El PP pide que dejen de engañar a los andaluces
La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, exigió a la Junta de Andalucía que “no engañe más a los andaluces”, ya que, según aseguró, la reprogramación de obras aprobada por el Gobierno andaluz “sí afectará directamente al empleo”.
En declaraciones a Europa Press, Soto que definió la reprogramación aprobada por la Junta como “grandes recortes en inversiones, cifrados en 849 millones de euros”, recordó que la semana pasada el PP pidió la comparecencia de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz “pero se rechazó y no quisieron darnos información”.
Ante estos precisó que la oposición “ha tenido que volver a pedir la comparecencia en Diputación Permanente de la consejera para que informe exhaustivamente sobre los recortes que se van a producir en las inversiones”.
Soto aseguró que esos “recortes” mediante de la reprogramación de obras por valor de 849 millones de euros, “sí afectarán directamente al empleo”, por lo que exigió a la Junta que “no sigan engañando ni mintiendo más a los andaluces al decir que el empleo no se va a ver afectado”.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, calificó como un “duro mazazo” a la economía andaluza y a la creación de empleo el anuncio de esta reprogramación, ya que significa “retardar y retrasar y al mismo tiempo un aparcar obras”.
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