El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ex presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Carmona, dijo ayer que los vocales del Consejo están "comprometidos" a estudiar el caso del juez Rafael Tirado -sancionado a pagar 1.500 euros por los errores judiciales que cometió al no encarcelar al presunto asesino de Mari Luz Cortés- y a aplicar el ordenamiento jurídico, "ni más ni menos".
Carmona dijo en Sevilla en declaraciones a los periodistas que el caso del magistrado Rafael Tirado "ni es el único que tiene el CGPJ ni es el más importante en este momento". Así las cosas, explicó que el asunto está en manos del ponente, que está estudiando los distintos recursos para hacer una propuesta de resolución que será estudiada por los distintos vocales antes de que se haga una votación "nominal y secreta".
En estos momentos existen dos recursos a la sanción de 1.500 euros interpuestos por el Ministerio Público y por el propio afectado. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ha solicitado al Pleno del CGPJ que desestime el recurso interpuesto por el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, contra el expediente disciplinario por el que fue sancionado a pagar 1.500 euros. El fiscal entiende que Tirado quebró el Estado de Derecho al iniciar el procedimiento para encarcelar a Del Valle más de dos años después de que la sentencia del pederasta fuera firme.
Por su parte, Rafael Tirado pidió al Pleno del CGPJ que se archive el expediente ya que, según dice, no había "ningún dato" que hiciera pensar en la "especial peligrosidad" de Santiago Del Valle y en la necesidad de ingreso urgente en prisión.
Test de compatibilidad
Por otro lado, Miguel Carmona anunció la puesta en marcha de un test de compatibilidad de los distintos sistemas informáticos existentes en el territorio nacional con objeto de que se pueda avanzar "con pasos urgentes y decisivos" en el proceso electrónico para "optimizar" recursos.
Tras una reunión institucional mantenida en Sevilla entre los vocales territoriales por Andalucía del CGPJ y el presidente de la Junta, Manuel Chaves, Miguel Carmona explicó a los periodistas que cada Comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia de Justicia "tiene un sistema informático diferente", lo que "exige un trabajo técnico" para "compatibilizar" los distintos sistemas.
Al hilo de ello, la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, dijo que la Administración andaluza está trabajando con el Ministerio de Justicia y con el CGPJ porque "hay sistemas informáticos que no hay que tirar a la basura porque son compatibles". En este sentido, indicó que se pueden "optimizar" los recursos "con voluntad", ya que, según prosiguió, "los sistemas informáticos judiciales son compatibles en casi un 70 por ciento del territorio nacional". "Los ciudadanos tienen que ver que los poderes del
Estado nos ponemos de acuerdo para optimizar los recursos", concluyó.
Miguel Carmona, por su parte, apuntó que la reunión mantenida con el presidente de la Junta ha sido de presentación de la nueva formación del CGPJ. "Ha habido un intercambio de impresiones, aunque no se han negociado cuestiones en profundidad", aseveró el otrora presidente de la Audiencia Provincial sevillana, quien agregó que el encuentro ha servido para "marcar un compromiso del Consejo de tener mayor presencia en los diferentes territorios, una mayor presencia no sólo con los tribunales sino también con las autoridades competentes, que son interlocutores fundamentales a la hora de poner en marcha las reformas que sean necesarias para que la Justicia funcione como se merecen los ciudadanos".
"En esto dos meses del CGPJ nos hemos preocupado de poner en marcha todos los órganos de comunicación con las distintas asociaciones, autoridades judiciales, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas porque hay cierta urgencia en poner en marcha distintas reformas a corto plazo", concluyó Carmona.
Al encuentro asistieron los miembros del CGPJ Pío Aguirre, Miguel Carmona, Antonio Dorado, Inmaculada Montalbán y Manuel Torres, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo.
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