Tras una madrugada de calma que se quebró únicamente a primera hora de anoche, cuando se produjeron diversos altercados de escasa entidad, Pérez Rubalcaba dio ayer por controlada la situación y admitió la relativa frecuencia de este tipo de peleas al recordar las registradas hace tres meses en Roquetas de Mar, situada a menos de diez kilómetros de La Mojonera.
En rueda de prensa en Granada, el ministro subrayó que las fuerzas de seguridad actuaron "bien y con rapidez" tanto para atajar los incidentes, como para arrestar al presunto homicida, a otros dos marroquíes implicados en la muerte de Sega S. y, finalmente, a cinco subsaharianos que participaron en los disturbios desatados tras el apuñalamiento.
Precisamente, los implicados en estos incidentes ingresaron ayer por la tarde en la prisión provincial de El Acebuche tras prestar declaración durante más de dos horas y media ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Ejido (Almería), quien tomará hoy declaración a los tres marroquíes arrestados por participar en el homicidio.
La autoridad judicial ha atribuido a los subsaharianos la autoría de delitos de desórdenes públicos y ha decretado su encarcelamiento preventivo como medida ejemplarizante.
Al tiempo que se producían estas declaraciones ante el juzgado, representantes de ocho colectivos de inmigrantes continuaron en La Mojonera con su labor de mediación entre colectivos, para lo que efectuaron numerosas visitas a viviendas y locales de subsaharianos y magrebíes.
Tras esta nueva toma de contacto, según explicó el portavoz del Sindicato de Obreros del Campo Spitou Mendy, estos colectivos constataron que los inmigrantes están "dispuestos a olvidar" y a convivir en paz como lo venían haciendo hasta la fecha en esta zona de la comarca del Poniente.
Reacciones políticas
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, culpó desde Córdoba de lo ocurrido a la "mala" política de inmigración implementada por la Junta de Andalucía, mientras que el portavoz de Inmigración de este partido en el Congreso, Rafael Hernando, instó al Gobierno a adoptar medidas urgentes que favorezcan el control de la inmigración en las fronteras.
Fue más allá Hernando al reclamar la expulsión del territorio español de todos aquellos que participen en actos delictivos de esta naturaleza lo que, a su entender, actuaría como medida disuasoria para evitar una reproducción de estas situaciones tanto en la provincia andaluza más oriental como en el resto del país.
Estas declaraciones fueron criticadas por la Secretaria Federal de Integración y Convivencia, Bernarda Jiménez, al considerarlas "xenófobas y racistas", ya que "la justicia es una para todos, no una para los inmigrantes y otra para los que nacieron aquí", al tiempo que aseguró que Hernando demuestra con sus declaraciones que "no cree en el derecho del ciudadano, puesto que quien comete delito e incumple la ley tiene que responder ante la justicia, sea inmigrante o no".
Ajenos a estas declaraciones, los colectivos que se enfrentaron tras la muerte a puñaladas el domingo del joven de 24 años, quien llegó a La Mojonera hace más de dos años para emplearse en el campo almeriense, seguían ayer agrupándose en actitud aparentemente tranquila en torno a las dos calles en las que se sucedieron los altercados, durante los cuales unas veinte personas arrojaron piedras contra los coches, forzaron el cierre de locutorios, vaciaron contenedores y prendieron fuego a varios vehículos.
Un amplio dispositivo formado por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana y del grupo de Reserva y Seguridad continúan en La Mojonera, que era sobrevolada también por un helicóptero del instituto armado con el fin de que no se reproduzcan los disturbios, algo que, los propios agentes, consideraban en declaraciones a Efe poco probables.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
