El Gobierno andaluz ha optado por establecer una ecuación con tres variables para repartir los 360 millones de su Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (lo han llamado Proteja) entre los municipios andaluces, de forma que se beneficie a aquellos con una peor evolución de parados y según su población, además de los de menos de mil habitantes, evitando que el reparto “tenga ningún color político”, según explicó el consejero de Empleo, Antonio Fernández.
El Consejo de Gobierno daba ayer el visto bueno al Decreto-Ley que carga en los Presupuestos de 2008 una partida extraordinaria de 360 millones (60 de ellos para formación de aquellos que se queden en paro tras participar en el Proteja) y que deberá ser ratificado en el Parlamento andaluz, a través del trámite de urgencia, antes de que finalice el año.
Según explicaba ayer el titular de Empleo, para distribuir los otros 300 millones entre los 770 ayuntamientos andaluces se ha tomado como indicador un un coeficiente que combina en un 20% el peso de la población del municipio, en un 50% el paro registrado y en un 30% la evolución en el último año de la proporción entre el número de parados y el total de habitantes de la localidad.
Así, en función de esos criterios, los ayuntamientos gobernados por el PSOE (un 63,1%) gestionarán el 55,6% del Proteja; los del PP (17,4), el 25,3; los de IU (10,8), el 11,2; los de PA (3,9), el 4,1, y el resto, (4,8), gestionarán el 3,8%, lo que evidencia, según Fernández, que no se se mira el “color político” de los municipios, sino la situación de demanda de empleo.
Los 300 millones de euros previstos para obras municipales supondrán una inversión media por desempleado de 438,74 euros, cantidad que se eleva hasta los 2.524 euros si se tiene en cuenta la inversión estatal. La programación de la Junta prioriza la actuación en los municipios con menos de 1.000 habitantes, donde se garantiza un fondo mínimo de 1.754,96 euros por desempleado o 111,67 euros por habitante, que cuadruplica la inversión media.
Por provincias, los 360 millones aprobados se repartirán de este modo: Almería, 24,2 millones; Cádiz, 48,8 millones ; Córdoba, 27,9 millones; Granada, 40,9 millones; Huelva, 19,6 millones; Jaén, 23,1 millones; Málaga, 52,6 millones, y Sevilla 62,9 millones.
El Programa de Transición al Empleo pretende beneficiar especialmente a las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Con este fin, el Decreto Ley establece el requisito de que las obras municipales deberán ser ejecutadas por firmas privadas. Asimismo, los contratos que se adjudiquen serán inferiores a un millón de euros en municipios de menos de 100.000 habitantes y a cinco millones en aquellos con más de 100.000 habitantes.
Por su parte, las empresas adjudicatarias deberán contratar a desempleados mediante oferta al Servicio Andaluz de Empleo para cubrir la mano de obra necesaria.
Los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales (en representación del resto) podrán presentar las solicitudes de participación en el programa hasta el 23 de diciembre en la web de la Consejería de Gobernación, mientras que las resoluciones de adjudicación se dictarán antes del 31 de diciembre. Los municipios tendrán dos meses para presentar los proyectos concretos, en los que se primará la creación de empleo y su ejecución a partir de marzo.
El plan de la Junta se desarrollará con carácter de urgencia y se sumará a los 1.426,4 millones de euros que el recién creado Fondo Estatal de Inversión Local destinará a los municipios andaluces. La previsión es que estas inversiones beneficien en conjunto a 40.000 desempleados. Fernández puso en valor que Andalucía es la primera comunidad que adopta una medida de este tipo, demostrando "rapidez de reflejos, al plantear un plan complementario" al Fondo Estatal de inversión en municipios.
El programa andaluz incorpora como novedad a estos fondos un plan formativo dotado de 60 millones de euros, con el objetivo de que los desempleados que finalicen su participación en las obras municipales participen con carácter obligatorio en cursos de recualificación hacia profesiones emergentes, de tal forma que su paso por el programa signifique una oportunidad real de encontrar un empleo posteriormente. Durante su participación en las acciones formativas, aquellos desempleados que no cobren ninguna prestación tendrán derecho a recibir una beca durante tres meses equivalente al Iprem (516,9 euros al mes).
De acuerdo con la norma aprobada, podrán acogerse al programa proyectos de rehabilitación y mejora de espacios destinados a suelo empresarial o a instalación de empresas; construcción y mejora de instalaciones de servicios básicos a la ciudadanía (salud, educación y servicios sociales asistenciales); eliminación de barreras arquitectónicas, y conservación del patrimonio municipal, así como otras iniciativas previstas en el Fondo Estatal.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
