Varios funcionarios y asesores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior figuraban como imputados por un delito de malversación de fondos en relación con los presuntos seguimientos a políticos madrileños, como el vicealcalde del Ayuntamiento, Manuel Cobo y el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada.
La magistrada Carmen Valcarce ha sido la instructora de este caso y la que ha llamado a declarar a los imputados, entre los que figuraban el ex director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón y el funcionario José Manuel Pinto.
El origen del caso está en la publicación por el diario El País, a comienzos de 2009 de que algunos políticos madrileños habían sido seguidos por ex policías y ex guardias civiles realizaron trabajos de inteligencia e información para el actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
El caso llegó a los tribunales y a la Asamblea de Madrid, donde se creó una comisión de investigación que cerró sus trabajos anticipadamente.
Por el juzgado de instrucción número 5 de Madrid desfilaron los imputados, los cuales negaron haber espiado a políticos y explicaron que las coincidencias que reflejaban los partes policiales entre su posición y las de los espiados obedecían a que custodiaban edificios oficiales en esa zona.
José Manuel Pinto negó ser el autor de partes de seguimiento y Sergio Gamón negó cualquier vinculación con el caso.
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