La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) va a deliberar este jueves sobre el incidente de recusación impulsado por Salvemos Mojácar contra la magistrada-ponente encargada de resolver la ejecución de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a desclasificar el Algarrobico como urbanizable una vez que se ha dado por concluida la instrucción.
El instructor de la pieza separada, el magistrado Silvestre García, ha dado por finalizada la investigación en relación al incidente de recusación tras haber obtenido los informes de la Fiscalía y de la magistrada recusada, quien alegó no tener "interés directo ni indirecto" en el pleito así como haber tenido "conocimiento" de los "litigios" en torno al hotel de Azata "únicamente" en su "condición de magistrada".
En su auto, consultado por Europa Press, recoge también posición del Ministerio Público, que se opone a que se estime la recusación al entender que no se ha "argumentado adecuadamente la concurrencia de un interés" en la magistrada que "comprometa su imparcialidad, por lo que dicho extremo no resulta acreditado".
El magistrado-instructor detalla que no se ha solicitado práctica de prueba alguna por los intervinientes de cara a resolver el litigio ante el que el Ayuntamiento de Carboneras se opone, por su parte, por considerar "extemporánea" la recusación, de modo que remite las actuaciones a la Presidencia de la sala para que resuelva.
Salvemos Mojácar presentó incidente de recusación contra la magistrada por actuar "junto al abogado del Ayuntamiento" de Carboneras, ex magistrado del TSJA en excedencia, en el dictado de una sentencia en 2014 "opuesta" a los intereses del colectivo. A tenor del recurso, la sala suspendió la tramitación de la ejecución del fallo que obliga a calificar el Algarrobico como "espacio de especial protección".
Solicita en el incidente que se acuerde nombrar a un nuevo magistrado ponente para ejecutar el fallo con el argumento de que la magistrada participó en la sentencia de la misma sala que, en 2014, estimó un recurso de la promotora del hotel para concluir que el suelo era zona 'D' o área urbanizable de acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
La asociación sostiene que la citada sentencia es "opuesta" a la que ahora está ejecutando como ponente y que califica El Algarrobico como no urbanizable dado su valor medioambiental, por lo que considera que su presencia supondría "vulnerar" su "derecho constitucional a una tutela judicial efectiva".
Apunta, asimismo, como causa de recusación que la magistrada "tiene un interés directo e indirecto en el pleito" ya que en su día acordó que "los terrenos eran urbanizables" y dictó una sentencia "contraria" a su "intereses". Concluye, asimismo, que ya tenía un previo "conocimiento del objeto del pleito" que ahora está ejecutando como ponente y que, por tanto, "se había formado un criterio muy concreto".
Por su parte, la magistrada señalada por el incidente asegura que "no ha resuelto" en "anterior instancia" el pleito al que se refiere la ejecutoria por la que está apercibido de multa el exalcalde José Luis Amérigo y remarca que no ha "participado en el asunto" objeto del pleito, "ni en otro relacionado" con el mismo.
Añade, en esta línea y en contra de lo que mantiene Salvemos Mojácar, que "en modo alguno" se ha formado "criterio" sobre el asunto "en detrimento de la debida imparcialidad".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya remitió en abril una queja, en este caso de Ecologistas en Acción, por "inacción" respecto a la ejecución de las sentencias firmes sobre El Algarrobico al TSJA, aunque rechazó la adopción de medidas ya que afectarían a la "función jurisdiccional" de los magistrados en sus "decisiones procesales".
El CGPJ limitó su actuación a "poner en conocimiento" de ambos tribunales la queja y declinó pronunciarse sobre las referencias del colectivo ecologista a la "contratación" por parte del Ayuntamiento de Carboneras para "su defensa" de un exmagistrado del TSJA en excedencia que fue el que "intervino" en un fallo favorable al hotel de Azata.
Los últimos hitos en la ejecución de una de las sentencias referentes al hotel de Azata es que Greenpeace ha advertido al TSJA de que la declasificación del suelo que se aprobó en el pleno de Carboneras el pasado 26 de abril "es nula", mientras que la sala dio un ultimátum al alcalde bajo el apercibimiento de multas coercitivas de 700 euros cada 20 días y denuncia al Ministerio Fiscal por un presunto delito de desobediencia, si bien los primeros avisos se remontan a julio de 2022.
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