Ecologistas en Acción ha lamentado la "cínica línea de defensa" de Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), en sus conclusiones en el juicio celebrado por el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, por la reclamación de la Junta de Andalucía en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por dicha empresa.
En unas declaraciones, Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, ha evaluado la finalización este pasado jueves del citado juicio, toda vez que la demanda de la Junta se dirige contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV, en reclamación del dinero de los gastos sufragados por la Administración andaluza para la recuperación ambiental del área afectado por dicho macro vertido.
Hablamos, en ese sentido, de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre más de 4.600 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana, espacio protegido como Patrimonio Mundial.
LA VERSIÓN DE BOLIDEN
En ese sentido, mientras la representación de Boliden-Apirsa ha asegurado que la entidad colaboró "de buena fe" con la Junta, que retiró "el 80 por ciento de los lodos" contaminantes, que las leyes del momento no le suponían "obligaciones" de recuperación medioambiental y que la reclamación de la Junta es una "construcción inventiva"; Isidoro Albarreal ha criticado la "cínica línea de defensa" de la empresa.
Especialmente, ha señalado que el abogado de Boliden-Apirsa realizó una "cínica interpretación" del artículo 81 de la Ley de Minas, toda vez que según las letradas de la Junta, tal artículo determina que los titulares de los derechos de actividad minera, en este caso Boliden-Apirsa, tienen "la obligación de responder de los daños que deriven de sus trabajos"; mientras la defensa de la empresa acusaba a la Junta de una lectura parcial de dicho articulado y de una "interpretación" propia y particular de la ley.
Albarreal, en ese sentido, ha manifestado que es "absolutamente falso" que el 81 de la Ley de Minas no implique obligaciones a los titulares de derechos mineros en materia de reparación de daños medioambientales.
LA INDEMNIZACIÓN DE LOS SEGUROS
Del mismo modo, ha destacado que en el juicio ha quedado constatado que el grupo empresarial de Boliden ingresó unos 67 millones de euros procedentes de las compañías aseguradoras por el accidente de la balsa de residuos de metales pesados de la mina, con lo que "parte de ese dinero tiene que devolverlo a la Junta".
Finalmente, el portavoz de Ecologistas en Acción ha destacado la "contundente línea" de argumentación de las letradas de la Junta de Andalucía, que según ha dicho han "demostrado fehacientemente los daños (al medio ambiente), la responsabilidad de Boliden y su conglomerado de empresas para intentar disgregar la responsabilidad" por el mencionado siniestro.
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