El Gobierno ha dado luz verde este martes a un real decreto ley que incluye más de 30 medidas para hacer frente a la crisis de precios causada por la guerra en Ucrania, con un coste estimado de 3.800 millones de euros adicionales.
Medidas que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023:
- Bonificación del abono de transporte público (financiación del 30 % del descuento del transporte público urbano e interurbano a los gobiernos autonómicos y locales que lo complementen hasta el 50 %).
- Eliminación del IVA a productos básicos y bajada del 10 % al 5 % a aceites y pastas alimenticias.
- Ayudas al gasóleo para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos (10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y 5 céntimos por litro durante el último trimestre).
- Ayudas directas para profesionales del transporte no sujetos a gasóleo profesional y servicios de transporte marítimo de interés público.
- Prohibición de cortar los suministros esenciales, extensión del bono social y la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas.
- El precio máximo de venta de la bombona de butano se mantiene en 19,55 euros.
- Se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de la Palma en materia de Seguridad Social, en el ámbito laboral y en el ámbito hipotecario.
- Se amplía la suspensión de lanzamientos para vulnerables sin alternativa habitacional.
- Prohibición de despidos por causa del alza de la energía para empresas con ayudas públicas.
Otras medidas incluidas en el real decreto ley:
- Permiso de cuidado de 5 días al año, retribuidos, tanto de un familiar de hasta 2º grado como de un conviviente.
- Permiso "por causa de fuerza mayor" que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta 4 días al año.
- Tercer permiso parental de 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años.
- Prórroga de la exención sobre el 80 % del importe de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
- La medida anterior se acompaña de una disposición que habilita el traspaso a 2023 del superávit del sistema eléctrico de 2022.
- Se extiende seis meses el plazo para que los proyectos de plantas renovables obtengan la autorización de construcción.
- Mejora retributiva para la cogeneración.
- Adaptación del régimen jurídico de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (VTC) a la jurisprudencia europea de este año.
El real decreto ley también establece medidas urgentes y necesarias para desplegar con eficacia proyectos estratégicos y programas con los fondos Next Generation:
- Nueva línea ICO para jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo para pagar entrada de su primera vivienda.
- Medidas para facilitar las inversiones del PERTE Chip (semiconductores y microprocesadores).
- Se modifica la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad.
- Medidas para llevar a cabo una estabilización del empleo público.
- Se retrasa la obligación de cotización para contratos en prácticas.
- Dos nuevas deducciones en el IRPF del 15 % para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos.
- Incentivo fiscal en el Impuesto sobre Sociedades destinado a promover las instalaciones de recarga.
- Simplificación de la tramitación administrativa de la instalación de infraestructuras de recarga.
- Medidas para acelerar el despliegue de las energías renovables.
- Autorización de avales por 70 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el apoyo financiero a Ucrania.
El Real Decreto Ley transpone Directivas europeas ya vencidas y adapta la normativa a sentencias:
- Se transpone la Directiva europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.
- La Directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores.
- Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea.
- Modificación del régimen jurídico para la habilitación de los centros que imparten cursos de sensibilización y reeducación vial.
- Nueva regulación al sistema de acceso y uso del Registro de Titularidades Reales para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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