Respecto al delito contra los consumidores, el fiscal ha mantenido la petición de nueve meses de multa a treinta euros por día, y por el delito de estafa ha rebajado de siete a cuatro años de prisión y de veinte a doce meses de multa.
Durante el informe fiscal, el ministerio público ha mantenido que algunas de las promociones “no tenían licencia” y que los perjudicados fueron a comprar una vivienda “que nunca existió”.
Además, ha destacado que se les está pagando de manera “indigna” ya que se les dice “coja usted el dinero pero retire la denuncia”, por lo que ha calificado la actuación de los mismos de “deshonesta”, porque “vendían paja y humo a personas que daban el dinero de su vida”.
Durante su alegato el fiscal también ha pedido que se deduzca testimonio de una declaración que se ha realizado de una promoción y que se remita al Juzgado de Guardia para que investigue si las obras fueron ilegales como se ha afirmado desde la Concejalía de Urbanismo de Fuengirola (Málaga).
El dueño de la promotora ha mantenido su inocencia y el lunes aseguró que siempre tuvo voluntad de construir y entregar las viviendas y que nunca se quedaron con el dinero de sus clientes.
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