El juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por el caso Gürtel acoge esta semana la declaración del ex secretario general del PP regional Ricardo Costa, que fue absuelto junto a él en 2011 del conocido como juicio de los trajes y que años más tarde le responsabilizó en la financiación irregular del partido.
Costa es uno de los principales testigos previstos esta semana en la Audiencia Nacional, donde también declarará la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas Milagrosa Martínez, aunque ambos lo harán por viceoconferencia.
Los dos, que ya fueron condenados por otras ramas de esta macrocausa, tendrán que declarar en el juicio donde se trata de dilucidar si Camps dio o no instrucciones para contratar el montaje de un expositor de la feria Fitur de 2009 a la empresa Orange Market, un extremo que él siempre ha negado.
Ricardo Costa ya compareció en 2019 como testigo ante el juez instructor de esta causa, José de la Mata, y ratificó lo que había declarado un año antes en el juicio sobre la financiación irregular de varias campañas del PPCV, en el que fue condenado a cuatro años de prisión, que fueron finalmente sustituidos por una multa.
En ese juicio responsabilizó a Camps y también al expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, ya fallecido, en la financiación con dinero negro procedente de empresarios de las campañas electorales de 2007 y 2008 y señaló que la decisión de encargar los actos de campaña a Orange Market "se produce directamente por Francisco Camps".
Pero la encargada de abrir la jornada el próximo martes será Milagrosa Martínez, también exalcaldesa de Novelda (Alicante), que fue condenada a 9 años de cárcel en la primera sentencia firme de Gürtel, centrada también en contratos de la feria Fitur.
En aquel juicio, celebrado en 2015, Milagrosa Martínez dijo que seguía "órdenes expresas" del expresidente autonómico en su gestión al frente de la Consejería, si bien a preguntas de los abogados defensores negó que Camps o terceras personas le indicasen que hubiese que adjudicar forzosamente concursos a Orange Market.
La Audiencia Nacional ha escuchado en torno a 80 testigos en las poco más de veinte sesiones celebradas de un juicio que comenzó en enero y que ha sufrido varias suspensiones debido a la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia.
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