Fuentes de la PJ explicaron que aunque todo apunta a que se trata de delincuencia común para la reventa en el mercado negro, han puesto en alerta a las policías internacionales, un protocolo que debe ser cumplido en caso de hurto de explosivos.
Los 500 kilos de explosivos -gelamonite, una clase de dinamita muy utilizada en la construcción civil- fueron robados del almacén de una cantera de la localidad de Nelas (distrito de Viseu, 293 kilómetros al norte de Lisboa).
En la investigación, dirigida por la dirección de la Policía Judicial de Coimbra, colabora la Unidad Nacional Contra el Terrorismo de Portugal.
Aunque la PJ no contempla como primera opción que ETA esté relacionada con el robo, el presidente del Observatorio de Seguridad, Criminalidad Organizada y Terrorismo de Portugal, José Manuel Anes, indicó que “todo indica que se trata de una acción de la banda vasca”.
“Media tonelada de explosivos es una cantidad muy grande”, dijo Anes, quien explicó que para los expertos hay dos hipótesis: que fuese una acción para aprovisionar a la organización de material terrorista, o bien, que “el robo se encuadre en la actividad de la red que opera en Portugal, que todavía no esté completamente desarticulada”.
En el caso de que el robo tuviese relación con ETA vendría a confirmar, agregó, las sospechas sobre los tentáculos de la banda que ya fue desarticulada en Portugal.
El pasado 10 de enero dos presuntos etarras, Garikoitz García Arrieta y Iratxe Yáñez, fueron detenidos en Portugal. El 4 de febrero la policía portuguesa descubrió una base de ETA en la localidad de Óbidos. Ya el 12 de marzo, uno de los dos sospechosos en fuga de la vivienda de Óbidos, Andoni Zengotitabengoa, fue detenido en el aeropuerto de Lisboa.
Confirmada la libertad del líder de LAB, Díez Usabiaga
La Audiencia Nacional ha confirmado la puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros decretada por el juez Baltasar Garzón en abril para el ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga con el fin de que cuidara a su madre al considerar que ha cumplido las medidas cautelares que le impuso el magistrado.
Así lo ha acordado la sección tercera de la sala de lo penal en un auto notificado ayer, en el que desestima el recurso que interpuso la Fiscalía al considerar que la circunstancia humanitaria alegada por Usabiaga “ha sido artificialmente creada”, al que se adhirió la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza.
El tribunal sostiene que Usabiaga, que tiene la obligación de rendir quincenalmente información sobre el cuidado dispensado a su madre, ha de comparecer dos veces a la semana en el juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional, “viene cumpliendo acabadamente” con todas esas medidas.
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