Así lo explicó ayer el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en la presentación de la memoria de éste órgano correspondiente al pasado ejercicio, en el que, según dijo, se volvió a soportar una cifra de diligencias previas “extremadamente abultada”, principalmente en la provincia de Almería, con incrementos anuales superiores al 10% en los últimos años.
Sin embargo, el número de diligencias previas no tiene valor criminológico porque muchas de ellas finalmente no se refieren a delitos, aunque sí es muestra de la llamada litigiosidad penal real los casi 40.000 procedimientos abreviados incoados durante 2009, que supone un incremento del 4,5 respecto al año anterior.
En total, han sido 1.756 procedimientos abreviados más que en 2008, aunque es un incremento mucho menor que el que se produjo en el anterior ejercicio debido a que en ese año tuvo especial influencia la reforma legislativa de la Seguridad Vial.
Estos datos son indicativos de “una efectividad importante en el tratamiento de la jurisdiccionalidad menor”, que se vincula con la utilización de los instrumentos procesales de enjuiciamiento rápido e inmediato, ha apuntado.
El número de sumarios ha sido de 716, un 6,6% menos, lo que contrasta con el incremento observado el año anterior, mientras que los procedimientos ante el Tribunal del Jurado (96) se mantienen en cifras similares.
Los juicios de faltas dan muestras de la “desmesurada carga de trabajo”, indicó García Calderón, ya que en 2009 fueron casi 200.000, lo que supone una media diaria de 525 juicios, que además de un gran coste económico supone que los mismos funcionarios judiciales que afrontan ese cometido sean quienes deben investigar la actividad delictiva.
Los escritos de acusación presentados por las fiscalías han descendido “considerablemente”, pasando de los 62.257 en 2008 a los 57.666 del pasado ejercicio, algo que se explica por el tiempo transcurrido desde la aprobación de las reformas del código penal.
Además, las fórmulas de enjuiciamiento rápido son muy numerosas y tienen un elevado número de sentencias de conformidad, algo que redunda en la carga de trabajo que finalmente asumen los Juzgados de Instrucción, aunque genera una importante carga de trabajo añadida para la ejecución de las sentencias.
Piden regular las apariciones de los menores
La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido una regulación jurídica relativa a las manifestaciones realizadas en los medios de comunicación por menores de edad sobre su implicación en procedimientos penales, bien sea como testigos, víctimas o imputados.
En la memoria de la Fiscalía se detalla que en España no se han regulado específicamente los límites a la libertad de expresión e información tendentes a evitar los llamados juicios paralelos, algo que ahora tiene mayor exposición a través de los medios de comunicación.
La Fiscalía hace referencia a que en los últimos años han aparecido en programas de televisión menores que relatan su propia implicación en hechos delictivos o que desvelan públicamente su participación como testigos en algún procedimiento penal.
Estas entrevistas fueron pactadas con sus progenitores y retribuidas y en ellas se abordaron “cuestiones que afectan al núcleo duro de la intimidad”, como ocurrió con el caso de Marta del Castillo, destacando la “escasa regulación jurídica” que hay actualmente.
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