Griñán adelantó estas medidas tributarias en el Parlamento andaluz durante su discurso inicial en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, en el que indicó que defendió su aplicación para combinar un "menor gasto público" con una "política escrupulosa de impulso económico para permitir que los inicios que se atisban de recuperación se consoliden".
Según detalló, los nuevos tramos en la tarifa autonómica del IRPF para aumentar la tributación de las rentas más altas establece un porcentaje del 22,5 para bases entre 80.000 y 100.000 euros anuales; del 23,5 por ciento entre 100.000 y 120.000 euros; y del 24,5 por ciento para más de 120.000 euros, lo que supone un incremento de uno, dos y tres puntos, respectivamente. Griñán subrayó que esta medida, que fue recibida con aplausos de la bancada socialista, persigue que "los sacrificios se repartan equitativamente".
Junto a ello, Griñán avanzó la creación de un nuevo impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito con presencia física en Andalucía para que "también contribuya al esfuerzo que estamos pidiendo a todos". Su objetivo será "gravar el stock" y alcanzará un 0,3 por ciento hasta 150 millones de euros en depósitos; un 0,4 por ciento hasta 600 millones y un 0,5 por ciento para más de 600 millones. Según explicó, serán deducibles de la cuota del impuesto los préstamos, créditos e inversiones que se destinen a proyectos públicos y privados de la estrategia de Andalucía Sostenible y la Obra Social de las cajas de ahorros.
En materia de tasas con fines ecológicos o medioambientales, el presidente andaluz anunció un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, de 10 céntimos por bolsa, para incentivar el uso de otros productos más compatibles con el reciclaje; un incremento del tipo aplicable en el impuesto de residuos radiactivos, que pasará de 7.000 a 10.000 euros por metro cúbico de residuo de baja y media actividad; y un impuesto especial sobre medios de transporte "altamente contaminantes", con un aumento del tipo del 14,75 al 16 por ciento para quads y motos náuticas; y del 12 al 13,2 por ciento para embarcaciones y buques de recreo. El objetivo de estos impuestos 'verdes' no sería "recaudatorio", sino mejorar la protección del medio ambiente.
Junto a ello, Griñán indicó que Andalucía implantará el 'céntimo sanitario', ya vigente en comunidades como Madrid, Asturias, Cataluña, Galicia, Valencia o Castilla la Mancha, con los siguientes tipos aplicables en el tramo autonómico del impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos: 24 euros por cada 1.000 litros para gasolinas, gasóleo y queroseno de uso general; dos euros por cada 1.000 litros para gasóleo de usos especiales y calefacción; y un euro por tonelada para fuelóleo.
Para completar el bloque de medidas para incrementar los ingresos, el presidente andaluz anunció una revisión de los beneficios fiscales en los impuestos de competencia de la comunidad autónoma "con criterios de progresividad y no duplicidad", así como la "intensificación y reforzamiento de las medidas de lucha contra el fraude fiscal", que harán hincapié en la coordinación institucional mediante el uso del censo compartido y en la "concienciación sobre los efectos del fraude y el carácter insolidario de los defraudadores".
Empresas Públicas
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció hoy la supresión de 110 de las 255 empresas o entidades públicas dentro del ámbito de la Junta "por absorción, transformación, fusión o extinción" y una reprogramación de las inversiones directas y de los gastos de capital por importe de 846 millones de euros, lo que supone el 11,9 por ciento de los gastos de capital previstos en el presupuesto.
Griñán adelantó estos datos en el Parlamento andaluz durante su discurso inicial en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, en el que aseguró que estas medidas de reducción del gasto público, unidas a las anunciadas en materia fiscal, supondrán un menor déficit para 2010 de 1.583,5 millones de euros, de los cuales 75,5 millones serán por mayores ingresos.
En relación con las empresas públicas, el presidente andaluz expresó su discrepancia con el inventario del Ministerio de Economía y Hacienda, que incluye como empresas públicas las diez universidades andaluzas, la Agencia Tributaria o los 51 consorcios municipales de transportes o saneamiento, y señaló que, eliminadas del cómputo, quedan 255, de las que 110 serán suprimidas en este proceso de reestructuración del sector público que no persigue "sólo suprimir o reducir el número, sino mejorar su estructura territorial y su gobierno".
Junto a ello, Griñán hizo referencia a una "simplificación de la estructura periférica" de la Junta que implicará "concentración de sedes pero no disminución de la presencia institucional en el territorio" y supondrán un "menor coste como consecuencia de la unificación de servicios comunes y economías de escala". Además adelantó una reforma de la gobernanza y la organización que implicará una reforma de la Ley de Administración de la Junta "para modificar el esquema organizativo, adaptando la tipología, organización y funcionamiento de las entidades".
Respecto a las inversiones, el presidente de la Junta anunció la reprogramación de las inversiones directas y de los gastos de capital por importe de 846 millones de euros, lo que supone el 11,9 por ciento de los gastos de capital previstos en el presupuesto. Según detalló, con este recorte las inversiones se sitúan en el 4,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), superior a la media de inversión del conjunto de las comunidades autónomas.
No obstante, Griñán adelantó que se van a impulsar los contratos de colaboración público-privada, a los que aplicará el procedimiento de urgencia, para "minimizar el efecto del ajuste del sector público", lo que permitirá sacar a licitación por esta fórmula un paquete de inversión en infraestructuras por un importe de 2.676 millones de euros entre el segundo semestre de este año y el primero de 2011.
Dentro de la reducción del gasto en el sector público, el presidente andaluz recordó en primer lugar que la Junta ya ha reducido un 15 por ciento las retribuciones para los miembros del Gobierno andaluz y su extensión "homogénea y progresiva" al conjunto de los trabajadores y directivos del sector público para anunciar a continuación una "estrategia de racionalización" de los recursos humanos al servicio de la administración andaluza que incluye una reducción del 15 por ciento de las horas extras y una congelación de plantillas hasta 2013, en la que sólo se cubrirá el 10 por ciento de la tasa de reposición, salvo en los servicios públicos fundamentales.
Como nuevas medidas, Griñán enumeró una reducción adicional del 10 por ciento del gasto en protocolo, información institucional o publicaciones; un plan de sedes para reducir alquileres y revisar todos los contratos de arrendamiento; una disminución del parque de vehículos oficiales y "normas de restricción" a su disponibilidad; una reducción del 10 por ciento de los gastos de dietas y locomoción; y medidas de eficiencia en las compras y el consumo del gasto sanitario.
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