Primero fue Melilla donde se desató una supuesta trama de compra de votos por correo de cara a las elecciones de este domingo 28 de mayo. Posteriormente se puso el foco en Mojácar (Almería), con la investigación y detención de dos miembros socialistas de la lista. Y a primera hora de la mañana de este jueves el PSOE denunció ante los juzgados un nuevo escándalo: el Ayuntamiento de Villalba del Alcor (Huelva) gobernado por el PP ha solicitado, a través de certificados digitales, el voto por correo de vecinos de Villalba que después han enviado a concejales del PP de La Palma del Condado para que se recepcionen allí los votos. Casi medio centenar de votos. Se trata de un posible delito electoral.
El PP de Villalba asegura que la Junta Electoral de Zona de La Palma ha resuelto que “no procede adoptar medida alguna” por lo que “son válidos todos los votos emitidos”.
El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha manifestado que le parece “muy bien” que el PSOE denuncie si se cree que hay algún tipo de irregularidad. “Aplaudo esa decisión y tenemos que buscar todos fórmulas que generen transparencia. Una vez que han presentado la denuncia, que se investigue”, ha añadido Juanma Moreno, quien, no obstante, ha señalado que compararlo con lo acontecido en Mojácar es “embarrar”.
Mientras, el líder socialista andaluz, Juan Espadas, ha pedido a Moreno y el número 3 del PP, Elías Bendodo, que den explicaciones sobre lo acontecido en Villalba.
Aparte de este caso en Villalba, el PSOE de Huelva también ha denunciado que el PP intentara comprar votos a cambio de 50 euros en el municipio de Paterna del Campo.
El tema de Mojácar parece que va para largo. Esta trama que supuestamente intentaba comprar votos por correo en Mojácar ofrecía entre 100 y 250 euros por cada papeleta a favor del PSOE fundamentalmente a personas extranjeras con escasos recursos, según han informado fuentes cercanas a la investigación. Al parecer, no solo ofrecían pagos directos, sino también comisiones a los que lograsen captar a otras personas que se prestasen a ello.
Siete de los presuntos implicados son españoles, y los otros tres proceden de Ecuador, Colombia y Paraguay.
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