Por su parte, la acusación particular pide que los acusados sean condenados por el mencionado delito tras la denuncia presentada en 2003 por 59 vecinos del conjunto residencial San Marino de San Pedro de Alcántara, en Marbella.
Los afectados mantienen que adquirieron entre 1997 y 2001 diferentes plazas de garajes y trasteros en dos sótanos del conjunto San Marino, “sin que la promotora y vendedora les informara de que habían sido embargados”.
El embargo se produjo por una deuda de más de tres millones de euros que mantenía la empresa de Ávila Rojas con la Hacienda Pública.
El fiscal considera que no ha quedado acreditado que el promotor ni su hijo recibieran la notificación de embargo y que debido a ello no se puede entender que intentasen cometer un delito de estafa.
Durante el juicio, que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, Ávila Rojas reconoció que mantenía una deuda con Hacienda pero que estaban en negociación para el pago de la misma.
Para el promotor, Hacienda actuó “sorpresivamente” ya que ellos habían pedido un aplazamiento y les habían ofrecido unas garantías, pero en un determinado momento hubo “un error de comunicación”, según señaló Ávila Rojas, y el embargo supuestamente no se le notificó.
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