Andalucía

El personal laboral sufrirá el 5% de recorte sin progresividad

Los sindicatos se niegan a ser partícipes de la medida impuesta por el Gobierno andaluz

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  • El vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, está convencido de la bondad de estas medidas. -
  • El PSOE cree que las medidas "consolidarán los brotes verdes"
Como ya habían anunciado, los sindicatos CCOO-A, CSIF-A y UGT-A expresaron ayer su rechazo y negativa a negociar la progresividad en el recorte de las retribuciones del personal laboral de la Junta, ante lo que, según les comunicó la Junta, el Gobierno andaluz optará por aplicar lo marcado en el Real Decreto estatal y bajará los sueldos de este colectivo en un 5%, sin progresividad.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública se reunió ayer con los sindicatos de función pública en la mesa de comisión de convenio para negociar la progresividad de los recortes en el personal laboral de la Administración andaluza, ante lo que los tres sindicatos presentes en la mesa, UGT, CCOO y CSIF rechazaron tales recortes y anunciaron que no negociarán ninguna progresividad.

Fuentes de CCOO-A indicaron a Europa Press que “la Junta podría hacer lo que quisiera y podría aplicar su propia tabla de progresividad, pero ha optado por cumplir el real decreto estatal, que para el personal laboral apunta una bajada de la masa salarial del 5%, sin entrar en detalles ni progresividades”.

“Estamos en desacuerdo con la mayor”, agregaron fuentes de este sindicato, que recordaron que el grupo del personal laboral “es un grupo con retribuciones bajas, por lo que el recorte será dificultoso” y precisaron que están celebrando asambleas informativas en todas las provincias hasta el día 8 junio, día de la huelga contra los recortes a nivel nacional.

Asimismo, precisaron que el decreto de la Junta “se podrá recurrir por la vía contencioso administrativa”, mientras que los convenios colectivos donde se apliquen esos recortes se denunciarán por el Juzgado de lo Social, “pero para ello habrá que esperar a su aplicación y a que hayan hechos consumados”.

Denunciaron, además, que la Junta pretende contar con la complicidad de los sindicatos para que se aplique el recorte salarial en las empresas públicas, de las que son una “administración extraoficial” y casi dos veces la estructura de la Junta.

Por su parte, fuentes de CSIF-A precisaron que la bajada salarial en el personal laboral será del 5% para todos los conceptos retributivos, y apuntaron que la Junta “tiene problemas de fechas, por lo deberá aplicar la bajada con acuerdo o sin acuerdo para el personal laboral y no se aplicará la progresividad que sí existe para el personal funcionario”.

Por su parte, el sindicato UGT volvió a rechazar estas medidas adoptadas por el Gobierno por considerarlas “injustas y demagógicas para combatir el déficit público español”.

En una nota, el sindicato precisó que en la reunión el director general de Recursos Humanos y Función Pública, Manuel alcalde Calderón, “ha mostrado al resto de asistentes a la misma, las intenciones de aplicar al personal laboral de la Junta de Andalucía las mismas reducciones propuestas por el Gobierno central”.

Ante esto, los representantes de UGT mostraron su desacuerdo e indignación “ante el abuso que se está cometiendo contra los trabajadores y el intento de implicar a los representantes de éstos en dicha tropelía”.

Por otra parte, y como medidas generales, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, pidió a los poderes públicos una persecución más efectiva de la economía sumergida, un fenómeno que, incluido el fraude fiscal, equivalente al 25% del Producto Interior Bruto de la Comunidad.

Carbonero exigió a las administraciones más “coraje” para reducir el déficit público no sólo por la vía de los recortes, sino también mediante el aumento de los ingresos del Estado, “presionando allí donde está el dinero”.

Mientras, UGT-A ha planteado una serie de medidas para aplicar en el ámbito andaluz entre las que se encuentra impulsar el Banco Europeo de Finanzas con carácter público-social y la participación activa de las cajas en la actividad económica; aumentar impuestos ambientales y eliminar otras reducciones; la lucha contra el fraude fiscal; y racionalizar de la estructura de la Junta, suprimiendo horas y servicios extraordinarios, además de estudiar la participación pública en empresas ruinosas.

Los socialistas creen que las medidas de Griñán “consolidarán los brotes verdes”

Mientras, el PSOE-A defendió ayer por “justas y necesarias” las medidas de recorte económico aprobadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central para reducir el déficit público, y aseguró que lo que pretenden es “consolidar los brotes verdes” de la economía andaluza y española.

“Lo de los brotes verdes es riguroso, porque así lo constatan diversos indicadores económicos. Cuando empieza a crecer la hierba, si se corta crece aún más fuerte y eso es lo que están haciendo Rodríguez Zapatero y Griñán”, dijo ayer en rueda de prensa el vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco.

En rueda de prensa, Velasco destacó el papel y la “responsabilidad” de los sindicatos durante la crisis y dijo que entiende que rechacen algunas de las medidas de la Junta, pero insistió en que son “necesarias, justas y solidarias”.

De hecho, precisó que el partido apoya también la posibilidad de que el presidente andaluz aplique una subida de impuestos a las rentas más altas, decisión que se hará aplicando el criterio de progresividad, según precisó.

Velasco, que admitió que estas decisiones pueden influir negativamente en los resultados electorales del PSOE, no dudó en señalar que “entre los despidos y apretarse el cinturón” su partido prefiere lo segundo.

El Pleno del Parlamento andaluz celebrará el Debate sobre el Estado de la Comunidad el 9 y el 10 de junio y en él se analizarán las medidas de ajuste del Gobierno autonómico, buena oportunidad -según el PSOE-A- para analizar con “rigor y seriedad” los esfuerzos y las recetas aplicadas por el Ejecutivo andaluz para paliar los efectos de la recesión.

Mientras, PP e IU solicitaron ayer, de manera conjunta, la celebración de un debate general en un Pleno monográfico con propuestas de resolución sobre la repercusión en Andalucía de las medidas de ajuste aprobadas tanto por el Gobierno central como por el andaluz.

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