Después de casi dos décadas de promesas sobre el Pacto Local, la Cámara dio ayer luz verde a la aplicación de dos leyes incluidas en el Estatuto de Andalucía: la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que regulará las competencias de los entes locales, y la Ley de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la comunidad autónoma.
La ley, que cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), establece que la Junta podrá transferir a los ayuntamientos y entes locales otras competencias actualmente exclusivas de la autonomía “mediante ley y traspaso de recursos”. Igualmente, podrá delegar “por decreto” competencias autonómicas a los municipios junto con sus recursos económicos.
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, calificó de “día grande” para la política, así como de “día histórico” para el municipalismo la decisión adoptada por la Cámara.
Pizarro, que no quiso polemizar con la actitud de la oposición, comentó que sus intervenciones se desarrollaron según “lo esperado”, al tiempo que agradeció a la FAMP y especialmente a su presidente, Francisco Toscano, el esfuerzo y el “apoyo firme de todos los alcaldes” a las normas.
La Ley de Autonomía Local de Andalucía establece una nueva arquitectura municipal y fija hasta 29 competencias propias que deberán ejercer los 771 ayuntamientos andaluces.
Además de ser una ley “pionera en España”, supondrá “más autonomía, menos tutela, mayor capacidad de organización y, por tanto, más corresponsabilidad para los municipios”, según el Gobierno andaluz.
Los socialistas negociaron con la FAMP para que sus enmiendas a las leyes locales recojan las reivindicaciones de los alcaldes y aceptaron eliminar parte de la tutela de la Junta y que los alcaldes cuenten con un órgano que opine de toda la legislación autonómica que afecte a los consistorios, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
Respecto a ley reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, regula la financiación municipal a través de la creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad, que comenzará a aplicarse en 2011 -”no tendrá carácter retroactivo” y serán fondos incondicionados.
El reparto se hará primero por tramos de población y garantizará como mínimo los fondos que actualmente reciben los municipios del fondo de nivelación, cifrado en 200 millones en 2010.
El PP, que presentó 179 enmiendas, pidió engordar el fondo local este año a 604 millones y que los ayuntamientos participen en el 6% de todos los ingresos tributarios de la Junta. IU, con 131 enmiendas, cifra en 420 millones el dinero necesario en 2010, que subiría a mil millones en 2014. Finalmente se incorporaron una treintena de ellas de “carácter semántico”, según la oposición.
“Sectarias, controladoras e intervencionistas y para servir a los intereses del PSOE en la Junta”. En estos términos calificó la portavoz del PP, Carmen Crespo, ambas leyes que, en su opinión, “empañan el anhelo de años y de meses y no cumplen ni de lejos las expectativas políticas y financieras” de los ayuntamientos. Crespo advirtió a la “pésima” situación económica de los ayuntamientos se suman ahora el “tijeretazo de Zapatero” y una financiación “tacaña e insuficiente”.
Diego Valderas, portavoz de IU, esgrimió que ambas son “manifiestamente mejorables y no responden” a la reivindicaciones históricas de las corporaciones, aunque también denunció la actitud del PSOE y el Gobierno de “resistirse a mejorar” la leyes y la situación de los ayuntamientos.
Tras las votaciones, tanto Pizarro como el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se fotografiaron con alcaldes socialistas en apoyo a las leyes, mientras que el líder de la oposición, Javier Arenas, lo hacía con ediles del PP-A para mostrar su rechazo luciendo pegatinas con el lema “ZP=Griñán. No más agresiones a los ayuntamientos”.
Ley de Aguas
Un mes después del error cometido por el PSOE-A en la votación de la ley de Aguas, que permitió la incorporación de 29 enmiendas del PP, el Parlamento andaluz recuperó y aprobó el texto original de esta norma con los votos a favor de los socialistas e IU, y el rechazo del PP.
Ahora el Parlamento aprueba una proposición de ley del PSOE-A que recupera el contenido de la ley tal y como la pactaron socialistas e IU y que se vio alterado con la incorporación de las enmiendas del PP por el fallo cometido por los socialistas en su votación.
Una de las enmiendas del PP introduce la unidad de cuenca frente a la unidad de gestión de las demarcaciones hidrográficas que defiende el Ejecutivo socialista.
Otra, también de gran calado para el contenido de la ley, desmontaba la propia estructura de la Agencia Andaluza del Agua, ya que en lugar de directores de la agencia en cada provincia, se organizaría con un director por cada cuenca con rango de jefe de servicio y no como cargo político.
Además, quedaba desvirtuado el Observatorio Público del Agua, órgano de nueva creación y gran apuesta socialista, que tendría la misión de fijar estándares de calidad sobre el servicio, para con ellos fijar las tarifas.
El PP modificaba esta filosofía y otorgaba en su lugar más competencias al Consejo Andaluz del Agua, donde participan los entes sociales.
Por otra parte, los tres grupos parlamentarios acordaron ayer la reducción del sueldo de los 109 diputados en un 10%, aunque se aplicarán además una rebaja de los complementos de entre el 10 y el 15%.
La mayor reducción de los complementos, el 15, lo tendrá la presidenta Fuensanta Coves; mientras que la de los miembros de la Mesa de la Cámara y la de los tres portavoces será del 12% y el resto de diputados un 10% de bajada en sus complementos.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
